El Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) al viudo e hijos de Enriqueta del Carmen Reyes Valerio, quien perdió la vida en un falso enfrentamiento registrado el 1 de noviembre de 1975, en la Casa de los Padres Columbanos.
En el fallo (causa rol 23.091-2016), la magistrada Carolina Montecinos Fabio estableció la responsabilidad del Estado en el homicidio calificado de la asesora del hogar, ilícito perpetrado por agentes de la DINA en un operativo de búsqueda de la doctora británica Sheila Cassidy.
«Que, ahora bien, en lo que atañe a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria y resultando imprescindible dilucidar si corresponde o no afirmar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo en el ámbito de la responsabilidad penal, sino también en el ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o, si por el contrario, incumbe restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regula el Derecho Privado, ha de señalarse que en la especie no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial sino de una acción reparatoria en el ámbito de la violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Por un principio de coherencia jurídica la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal», sostiene el fallo.
Resolución que agrega: «La fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y en los tratados internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas».
«De otra parte –continúa–, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales desde el punto de vista jurídico y moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y por lo mismo su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que importa una negación de sus derechos fundamentales a la vida e integridad física por quien es constitucionalmente el obligado a resguardarlos».
«Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por el demandado», concluye.
