Estas forman parte de los 76 imputados que han sido formalizados en el marco de la investigación que permitió detectar un grupo de sujetos que estaban ingresando al país en forma irregular vehículos extranjeros usados, utilizando un beneficio que sólo pueden obtener las personas que han residido por varios años fuera del territorio nacional.
Con dos personas condenadas y 11 acogidas a la suspensión condicional del procedimiento terminaron las audiencias realizadas hoy en el juzgado de garantía de Iquique, relativas a la investigación liderada por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones que descubrió -a fines del año pasado-, una banda dedicada a obtener en forma fraudulenta un beneficio tributario que permite ingresar vehículos extranjeros usados al país.
En juicios simplificados, el fiscal Eduardo Ríos, junto a los abogados querellantes de Aduanas y del Ministerio del Interior, lograron la condena de Alvaro Luna Salinas, quien ejercía como tramitador ante el Servicio Nacional de Aduanas y gestionó la entrega de documentación falsa para el ingreso de siete vehículos. El acusado fue condenado a siete penas de 61 días de presidio por el delito de contrabando y se decretó el comiso de los siete vehículos.
También fue condenado por contrabando Raúl California Savich, quien era beneficiario de este beneficio tributario conocido como Partida 0033 y vendió su cupo a una tercera persona. Recibió una pena de 61 días de presidio y se decretó el comiso del vehículo.
Otros 11 imputados se acogieron a la suspensión condicional del procedimiento, ya que no tenían condenas previas y sus vehículos también cayeron en comiso.
En total, son 76 las personas que han sido imputadas por haber participado en la obtención fraudulenta de este beneficio tributario, de las cuales hay dos condenadas y 27 con suspensión condicional del procedimiento. Entre todas ellas hay beneficiarios de la partida 0033 que vendieron sus cupos, personas que adquirieron dichos vehículos sin cumplir con los requisitos, y tramitadores que entregaron documentación falsa para obtener los móviles.
Además, la investigación ha permitido incautar 42 vehículos que fueron ubicados entre Antofagasta y la Séptima Región, y cuyo avalúo supera los 500 millones de pesos. De éstos, 27 tienen el comiso definitivo, es decir, serán rematados por Aduanas en una subasta pública a beneficio fiscal.
