Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 15 de junio recién pasado– analizó el contenido de la iniciativa legal que «Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos». Informe que fue remitido el 26 de junio, a la presidencia de la Cámara de Diputados, con la opinión del máximo tribunal sobre la incorporación como sanción de la «supervisión de la persona jurídica».
«La iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando, en lo consultado, como sanción ‘la supervisión de la persona jurídica’, único aspecto sobre el cual se pide la opinión a este tribunal, y que tiene asignada los fines que indican las normas ya transcritas», plantea el informe.
El oficio agrega que: «En esos términos, esta Corte no puede dejar de observar que tanto la institución que se crea, como la propuesta de regulación de sus atribuciones, se apartan de un principio básico en la imposición de las penas, como es la correspondencia de ésta con un delito preciso y determinado, que le sirve de presupuesto necesario y cuya entidad permite -entre otras circunstancias- regular su quantum, al establecerla como un régimen de consecuencias que adquiere independencia del ilícito establecido, carece de asignación de límites mínimos y máximos y contempla hipótesis de intervención sin precisión ni marco temporal de extensión, elementos todos que permiten reprochar que sus elementos no aparecen previamente determinados, lo que no solo transgrede el principio de legalidad, sino que además configura un régimen de consecuencias que se aparta de aquel previsto para el castigo de hechos pasados, únicos susceptibles de ser reprochados, de acuerdo a la estructura del sistema de imputación penal que nos rige».
