Destacando que es la primera vez que en el país se dicta una pena de cárcel efectiva por el delito de trata de personas y la complejidad que tuvo la investigación en un ilícito respecto del cual existe escasa jurisprudencia en Chile, la Fiscalía Jefe de Río Negro, Leyla Chahín Valenzuela, valoró la sentencia dictada esta tarde que impone a ambos acusados penas que superan los 15 años.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, los acusados César Cabascango Pachito y Rosa Tambaco Morales, ambos de nacionalidad ecuatoriana, deberán cumplir por el delito de tráfico de migrantes, la pena de 5 años y un día, mientras que respecto del delito de trata de personas, la pena impuesta alcanza los 10 años y un día de presidio efectivo. En la consideración de la pena se tuvo en consideración que en este caso hay tres personas que fueron las tres víctimas. El fallo tuvo un voto disidente de uno de los jueces, quien estuvo por imponer aún una sanción más gravosa considerando la pluralidad de personas afectadas y el hecho de que una de ellas era menor de edad.

“Se trataba de una investigación muy compleja”, apuntó la jefa del Ministerio Público de Río Negro, agregando que “es un delito incipiente sobre el que hay poca jurisprudencia, de hecho es la primera vez que se condena a pena efectiva por trata de personas a nivel país, y es la primera condena por este tipo de delitos, por ambas figuras de la ley 20.507 en la región”. Chahín consideró que como Fiscalía “el haber obtenido esta condena implica para nosotros un gran satisfacción, porque hemos logrado exponer al tribunal los argumentos que dan origen al delito y que, sobre todo, tienen una dinámica muy particular. Logramos que el tribunal compartiera nuestra visión de estos hechos que no es la misma que respecto a otro tipo de figuras delictivas”.

Entre julio y agosto de 2015, César Cabascango Pachito y Rosa Tambaco Morales, concurrieron a la ciudad de Otavalo, Ecuador, y contactaron a un menor de edad y a otros dos jóvenes, “para promover y facilitar, con ánimo de lucro, la entrada ilegal de estas personas a Chile”. Por instrucción de los imputados, el ingreso se hizo en calidad de turista, para lo que les facilitaron la suma aproximada de US$ 1.000 (mil) dólares, dinero que una vez concretado el trámite migratorio, fue devuelto de acuerdo a lo convenido. En la investigación se determinó que estos inmigrantes tuvieron que realizar trabajos de pintura y carpintería y luego, vender ropa y artesanía de manera itinerante. La Fiscalía también probó en el juicio oral que con el fin de eludir los controles policiales, los imputados entregaron a uno de los migrantes una cédula de identidad chilena para extranjeros a nombre de un tercero con residencia permanente. El 6 de abril de 2016, funcionarios de la PDI de Osorno, en un control de extranjería en la plaza de Purranque, advirtieron esta situación y realizaron la respectiva denuncia. La calificación jurídica que el Ministerio Público dió a estos hechos y que fue compartida por el Tribunal Oral es de tráfico ilícito de migrantes, en grado de ejecución consumado y en calidad de autores.

En un segundo hecho, los acusados captaron a los jóvenes “bajo la oferta y promesa de traerlos con la finalidad de trabajar y ganar dinero, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad que afectaba a estas personas”. Ya en Chile, los jóvenes tuvieron jornadas laborales extensas e incluso se les obligó a dormir a los 3 en una sola cama. Ante el incumplimiento de las condiciones pactadas uno de ellos logró volver a su país con la ayuda de su familia. Los otros dos jóvenes después fueron separados para trabajar –sin que se les pagara salario- en puestos itinerantes de artesanía, espacios de pequeñas dimensiones donde además debían cocinar, comer, bañarse y dormir, todo por unos 150 dólares mensuales que se les entregaría a su regreso a Ecuador. En el juicio oral se acreditó que los acusados retuvieron toda la documentación personal de las víctimas.