«El Pleno decidió manifestar su preocupación frente a un tema tan importante, en lo que nos pareció al menos que la Corte Suprema debía tomar conocimiento, formar un grupo de trabajo, e incorporar a los notarios y conservadores para los efectos de dilucidar la efectividad de la necesidad de tantos cargos en nuestro país. Por supuesto que reconocemos la facultad que tiene el gobierno para la creación de estos cargos, pero hay un principio de cortesía, en el sentido que el más alto tribunal del justicia -como es la Corte Suprema- por lo menos esté interiorizado y no sepa de esta creación por la prensa, por oficios o notas de una asociación de notarios», dijo la autoridad.
«La Corte Suprema no tiene conocimiento de por qué se crean en un número tan alto estos cargos y no sabemos si técnicamente son realmente necesarios para afrontar debidamente las función de notarios y conservadores del país», expresó.
El ministro Juica destacó que en ocasiones anteriores los cambios o aumentos en las plazas de notarios implicaba una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, lo que no ocurrió en esta oportunidad:»Lo que llama la atención a la Corte Suprema es que este tipo de aumento de notarios ya se habían tratado en épocas anteriores y que se conversó directamente entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, reconociendo que en verdad, cuando se trata de un cargo en alguna agrupación de comunas o alguna comuna en que no existe, la ley autoriza al Presidente de la República para crear un cargo de notario con informe favorable de la Corte de Apelaciones respectiva, y eso ha ocurrido de manera frecuente. En años pasados se han creado plazas de notarios, pero nunca ha excedido el número de 15 o 20. Por lo tanto, llamó mucho la atención este número bastante alto sin tener, la Corte Suprema, conocimiento de las razones técnicas, estructurales o necesarias que ameriten la creación de un alto número de este tipo de funcionarios. La Corte Suprema, decidió, en consecuencia, enviar una nota de preocupación del tema al ministro de Justicia, naturalmente para que se lo haga presente a la Presidenta de la República, quien es finalmente a quien le corresponde dictar el decreto respectivo para la creación de estos cargos».
Frente al aumento de carga del trabajo del Poder Judicial por su rol fiscalizador, el ministro Juica dijo que en otras ocasiones «hemos tenido conversaciones frente a diferentes problemas que ha suscitado el funcionamiento de las notarías y conservadores y de la necesidad, incluso, que los notarios y conservadores dejen de funcionar dentro del Poder Judicial y se cree un estatuto autónomo distinto a las funciones de los tribunales de justicia. Ellos son funcionarios auxiliares de la administración de justicia pero son supervigilados por el Poder Judicial. La creación de más de cien cargos evidentemente va a producir un rebote desde el punto de vista de la fiscalización que le corresponde a jueces y ministros, por lo tanto muchos de estos jueces y ministros van a tener que tener más tiempo para las fiscalizaciones correspondientes».
El vocero detalló, además, la normativa que regula la confección para las ternas de notarios por parte de las Cortes de Apelaciones y abogó porque éstas actúen con la mayor objetividad al momento de resolverlas.
Por último, y ante la posibilidad de que este aumento genere un efecto positivo para la comunidad al generar más competencia, el vocero de la Corte Suprema estableció que la competitividad pasa por una actualización de las tarifas: «El tema de la competencia está dada naturalmente por un arancel que debe ser fijado por el Ministerio de Justicia que regula el monto de los que pueden
cobrar los notarios y por lo tanto a eso uno debe ajustarse. Este es un arancel que tiene más de 30 años que no ha sido reajustado, así es que no veo qué competencia se puede dar en ese aspecto».
