A pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación.
El pleno de la Corte Suprema se reunió hoy – 17 de julio- de manera extraordinaria para analizar los alcances de la puesta en libertad del imputado Osmar Ferrer Ramírez. Luego de la sesión, se emitió la siguiente declaración:
Con ocasión de los hechos que han sido de público conocimiento, relativos a la puesta en libertad del imputado Osmar Alexander Ferrer Ramírez, esta Corte Suprema manifiesta su profunda preocupación, pues estima que lo ocurrido es de la mayor gravedad.
Al efecto, se considera necesario precisar que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago despachó la orden formal y definitiva de ingreso en prisión preventiva en contra del imputado, la que fue puesta en conocimiento de Gendarmería de Chile el 10 de julio del actual, a las 14:13 horas, por los conductos oficiales.
En consecuencia, a pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación.
En tal contexto, dada la gravedad de los hechos, sin perjuicio de las investigaciones administrativa y penal ya iniciadas, en lo que a este Poder del Estado corresponde, se han dispuesto las siguientes medidas:
1.- Recabar la información respecto de los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso.
2.- Elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad.
Para la verificación de lo anterior, la Presidenta (S) instruyó al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial emitir un informe sobre la materia y solicitó a la Asociación de Magistrados y Magistradas dar cuenta de las dificultades que ha detectado la judicatura penal en el manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica.
