El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Cristián Raúl Melussa Carvajal a la pena de 3 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 5 UTM, en calidad de autor del delito de tráfico de drogas. Ilícito perpetrado en septiembre de 2017, en Centro Penitenciario La Gonzalina.
En fallo unánime (causa rol 330-2020), el tribunal –integrado por los magistrados Marcela Paredes Oliva (presidenta), Óscar Castro Allendes (redactor) y Fadua Salas Eljatib– dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que en horas de la noche del 19 de septiembre de 2017, “(…) el gendarme Cristián Melussa transportó dos clases de droga y psicotrópicos (pasta base de cocaína y marihuana) a la celda 36 del módulo 42, que ocupaba David Pinto Moreira, ubicado en el recinto penitenciario de La Gonzalina de Rancagua”.
“En la referida ilicitud intervino el acusado como autor y ejecutor directo en los términos del artículo 15, número 1, del Código penal, ya que los elementos de cargo determinaron tal condición. El notificado y rápido actuar del gendarme Flores Anabalón, precedido por un procedimiento investigativo del que dio cuenta las capturas de imágenes de días previos al 19 de septiembre de 2017, delataron que fue Melissa Carvajal quien introdujo las sustancias de tenencia y posesión prohibida al recinto penitenciario y no fue víctima de una conspiración en su contra, como lo insinuó la Defensa, además se acreditó la incriminación que hizo en su contra el interno Pinto Moreira de ser la persona que le traía droga a su celda”, consigna el fallo.
En la causa, el tribunal decretó por falta de pruebas, la absolución de Melussa Carvajal de la acusación fiscal que le atribuía autoría en el delito de cohecho.
Melussa Carvajal deberá, además, a pagar el 50% de las costas del juicio y ordenó el comiso de los teléfonos celulares decomisados y la destrucción de la droga incautada.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
