Nueve numerales del artículo 16, correspondientes al Capítulo II: “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, fueron debatidos y votados durante la sesión de la tarde de este jueves del Pleno del Consejo Constitucional.
Entre los puntos más destacados está la aprobación del derecho a la vivienda adecuada (n.28), el cual se consagra por primera vez a nivel constitucional, y señala: “El Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia”.
Pese a la innovación, la consejera Paloma Zúñiga (RD) precisó que “es una pena que hoy, en vez de estar celebrando el derecho a la vivienda, estamos discutiendo si es pertinente o no una exención tributaria que mancha este derecho”, en relación al literal c) que se aprobó por 30 votos a favor y que exime del pago de contribuciones a los propietarios de inmuebles destinados a la vivienda principal.
Desde la bancada republicana, impulsora de esta medida, el consejero Antonio Barchiesi argumentó que miles de familias “de clase media esforzada” pagan contribuciones por su casa propia, corriendo incluso el riesgo de ser rematadas.
«La exención del pago de contribuciones se aplicará gradualmente, hasta completarse en el del sexto año desde la entrada en vigencia de esta constitución». Desde Unidad para Chile, el consejero Alejandro Köhler (PS) apuntó que actualmente el 77% de los propietarios están eximidos de este impuesto, por lo que la medida solo beneficiaría a los «más ricos». Agregó que la implementación de esta norma afectará fuertemente a los ingresos municipales.
Otra de las innovaciones constitucionales fue la aprobación del derecho al acceso al agua y al saneamiento (n.29), el que priorizará el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia.
La redacción generó disconformidad en el bloque de Unidad para Chile, ya que difiere de la propuesta de la Comisión Experta, que consagraba el “derecho al agua” en vez de “al acceso al agua”. Consideran que al hablarse de acceso “se debilita» el alcance de la norma constitucional. Desde Chile Vamos, por su parte argumentaron que el cambio implica un deber activo del Estado de proveer este derecho.
Además, al aprobarse el derecho de propiedad (n.34), que también fue votado durante la sesión, se estableció que las aguas son bienes nacionales de uso público; por tanto, se podrán constituir derechos de aprovechamiento sobre ellas, tal como ocurre en la actualidad, lo cual fue criticado por la consejera Nancy Márquez (CS) al considerar el actual contexto de sequía.
La consejera Ivon Guerra (UDI), en tanto, argumentó que los derechos de aprovechamiento de aguas son “clave en el mundo rural”, donde la agricultura entrega alimento y trabajo, y criticó a la institucionalidad en la materia.
También respecto al derecho a la propiedad, se rechazó que los bienes nacionales de uso público sean susceptibles de concesión. También se rechazó la propuesta de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales -y se retomó la de la Comisión Experta- respecto a exceptuar a los hidrocarburos líquidos o gaseosos como susceptibles de concesiones, tal como está normado en la actualidad.
Entre los otros derechos aprobados durante la jornada están la igual y equivalente repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria del Estado en esta materia, la libertad para adquirir toda clase de bienes, el derecho de autor y la propiedad intelectual y la protección de los consumidores.
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