En una operación inédita, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) y con el apoyo del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII), desarticuló una sofisticada red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional. La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país.
La operación es el resultado de una fuerza de tarea interregional conformada en agosto de 2024, que integró a las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y fue coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Esta colaboración interinstitucional permitió desentrañar un complejo esquema financiero utilizado por la organización para ocultar y mover sus ganancias ilícitas.
La red empleaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.
En el marco de un operativo simultáneo desarrollado en diversas regiones del país, se detuvo a 52 personas, quienes serán formalizadas por el delito de lavado de activos.
Desde el Ministerio Público se destacaron dos elementos clave de esta investigación:
- La sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades.
- La efectividad de la coordinación interagencial, que involucró a seis fiscales operativos, tres equipos policiales, más de un centenar de funcionarios, analistas especializados y personal del SII, quienes trabajaron de manera conjunta para lograr este resultado.
Con esta operación, el Ministerio Público avanza en el desmantelamiento integral del Tren de Aragua, cerrando una etapa clave: el desmantelamiento de sus finanzas. La institución reafirma su compromiso de perseguir no solo los crímenes violentos, sino también el poder económico que permite a estas organizaciones mantenerse y expandirse.
