Esta tarde el Congreso despachó el proyecto de ley ingresado el 20 de julio para simplificar los mecanismos de acceso de las familias al Ingreso Familiar de Emergencia, haciendo más simple, expedito y oportuno tanto el trámite de solicitud como la entrega del beneficio.

El proyecto de ley establece dos grandes cambios:

1.- Elimina el requisito de vulnerabilidad socioeconómica, de forma que las familias solo se deberán tener Registro Social de Hogares y cumplir con el requisito de tener ingresos formales por debajo del umbral que establece la ley.

2.- Simplifica la manera de acreditar los ingresos formales de los hogares que soliciten y apelen, considerando solo la información declarada por las familias para definir la entrega del beneficio.

Como país hemos tenido que vivir condiciones extremas, probablemente ningún gobierno estaba preparado para enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Nos ha revelado cómo el Estado tiene que prepararse de mejor manera, de una forma más robusta, para poder acoger estas demandas donde la ciudadanía tiene un tremendo sentido de urgencia. Esta simplificación que hoy día el Congreso ha aprobado de forma unánime permitirá ingresar a muchas más familias que están viviendo momentos de angustia”, destacó la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

La autoridad destacó que esta semana se iniciaron los pagos del tercer aporte del Ingreso Familiar de Emergencia a más de 2,4 millones de familias. “En conversaciones con parlamentarios y alcaldes nos dimos cuenta que, a pesar de que habíamos generado nuevas instancias para que la gente que no había podido acceder a este beneficio pudiera apelar, esto no era suficiente. Esta simplificación de los mecanismos de acceso que hoy se ha aprobado, permitirá ingresar muchas más personas que requieren de esta ayuda en estos difíciles momentos”, explicó la Ministra Rubilar.

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, agradeció a “los parlamentarios por la aprobación y despacho de este importante proyecto, el que no solo simplifica el acceso a este beneficio a familias que no lo habían recibido hasta el momento, sino que además amplía el número de hogares beneficiarios sumando a nuevos grupos, que también requieren de un apoyo en estos complejos momentos».

En tanto, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, señaló que la iniciativa hoy despachada por el Congreso «junto con simplificar el trámite de manera considerable, hace posible otro esfuerzo adicional para alcanzar a más familias con la incorporación de cerca de 170 mil adultos mayores que se suman de forma automática a este apoyo».

Más hogares beneficiados

El proyecto aprobado hoy beneficiará a los siguientes grupos de postulantes:

1.- Solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia que no lo han recibido por aparecer en los registros administrativos ingresos formales por sobre los montos establecidos en la ley, que no reflejan su situación actual. A aquellas personas se les pedirá una actualización vía declaración jurada simple y digital.

2.- Personas que apelaron al segundo aporte podrán reportar su situación de ingresos durante la emergencia vía declaración jurada simple y digital.

3.- Personas que soliciten el tercer aporte y siguientes podrán reportar ingresos formales existentes en el hogar durante la emergencia vía declaración jurada simple y digital.

4.- Hogares que inicialmente quedaban fuera por los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica que se eliminan con este proyecto.

Solo se considerará la información entregada por las familias para determinar la entrega y cálculo del beneficio, en caso de existir este reporte. Por ende, para acceder a la información será fundamental que las familias entreguen información fidedigna sobre la situación que enfrenta su hogar en estos momentos. Con esto 80 mil familias adicionales podrán acceder al beneficio.

Además, durante la tramitación legislativa, se sumaron nuevos grupos de beneficiarios:

Accederán al IFE los hogares con presencia de al menos un adulto mayor con PBS de vejez desde 65 años. Con esta indicación se sumarán más de 70 mil nuevos hogares con pensionados que reciben una PBS de vejez que tienen entre 65 y 69 años.
Adicionalmente, el Gobierno agregó como beneficiarios del IFE a aquellos pensionados que, viviendo en un hogar que no cumple con los requisitos de ingreso del IFE, que cuenta con RSH y recibe un APS (Aporte Previsional Solidario) de vejez o invalidez, siempre que su pensión final sea igual o inferior a una Pensión Básica Solidaria del mismo tramo de edad.
Con los cambios que se consagran en este proyecto de ley respecto a nuevos pensionados, se incorporan más de 241 mil hogares que pasarán a ser beneficiarios del tercer aporte del IFE en adelante, recibiendo $100 mil por cada pensionado en el hogar que cumpla con los requisitos.

Dentro de las indicaciones introducidas también figura que la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de presentar un informe preliminar de septiembre de 2020, y final en el primer semestre año 2021, sobre la implementación del IFE y su relación con otras medidas implementadas para mitigar el impacto de la pandemia del Covid.

Ley de Protección Clase Media

Este jueves, la Cámara de Diputados también aprobó el proyecto de Ley de Protección Clase Media que permitirá beneficiar con un aporte directo, no reembolsable, y un préstamo solidario del Estado, a un universo de cerca de 1.600.000 personas que han tenido caídas en sus ingresos debido al Covid-19.

En ese sentido, la ministra Rubilar recalcó que “esta es la señal que está esperando la ciudadanía para que seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante las iniciativas que van en directo beneficio de la gente, en el proyecto de Clase Media tal como decía el ministro Briones vamos a llegar a un universo potencial de 1 millón 600 mil personas beneficiadas, en ese contexto este bono de 500 mil pesos, nosotros también queremos que se resguarde el derecho de los niñas, niñas y adolescentes, y en ese contexto hay una indicación que ha sido aprobada por las dos cámaras y que nos permite como Estado retener hasta el 50 por ciento de ese bono y del préstamo para poder pagar las pensiones alimenticias que se deben y finalmente son un derecho de los niños, niñas y adolescentes”.