El texto, aprobado hoy en particular por la Cámara, establece sanciones penales y altas multas a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas en el país. Además, propone penas de cárcel de hasta 15 años si se ocasiona daño en el medio ambiente o se pone en riesgo la salud de la población.

Diputadas y Diputados aprobaron en particular, el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas (boletín 14045).

Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada en general el pasado 1 de junio por la Cámara, pero, por ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Recursos Hídricos para un segundo informe, texto que comenzó a discutirse en la Sala en la sesión del martes 18 de junio.

El diputado informante fue Sebastián Álvarez (Evópoli), quien explicó que, de las seis indicaciones presentadas, se aprobó solo una en la Comisión, relativa a ampliar la acción penal, permitiendo deducir querella a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Consejo de Defensa del Estado o a las municipalidades, modificación que fue respaldada con 144 votos a favor y uno en contra.

El objetivo de la propuesta es establecer sanciones acordes a los daños que generen las personas que afectan las aguas del país, toda vez que el recurso hídrico es la condición necesaria para la vida. En ese sentido, cualquier afectación es un atentado directo contra la población, en especial, la que se ubica en zonas donde la sequía y los problemas de la institucionalidad han generado una afectación directa a su derecho de acceso al agua.

Detalles de la propuesta

Lecho de agua

El proyecto modifica el Código Penal, considerando dos artículos permanentes; y la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se plantea sancionar a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas terrestres, ya sea superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, con la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales.

Se sancionará con la misma pena al que sin autorización, intervenga o modifique, total o parcialmente, un cauce, natural o artificial, obras hidráulicas debidamente autorizadas o algún acuífero.

Cuando el delito ocasione daño en el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población, por ejemplo, con la contaminación de las aguas, estas penas aumentarán de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años), estableciendo una multa entre 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales.

Cuando se genere grave riesgo a la salud de la población, en tiempo de emergencia o catástrofe por sequía, o previo o durante decreto de escasez hídrica declarado por la autoridad, se sancionará con presidio mayor en su grado mínimo a  medio (entre 5 años a 15 años) y multa de 900 a 8.500 unidades tributarias mensuales.

Además, dispone que la reincidencia de este delito será sancionada con la pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años) y multa desde mil a 10 mil unidades tributarias mensuales.

También incorpora sanciones accesorias, como la suspensión temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas y contratos sobre derechos de aprovechamientos.

El texto legal fija como exención de responsabilidad penal que los hechos consistan en resolver y asistir necesidades inmediatas de abastecimiento de agua potable para la sobrevivencia humana o de los ecosistemas, no destinados a fines de explotación o comercialización. La disposición también se aplicará al pequeño agricultor o campesino (menos de doce hectáreas de riego básico) y su sustento provenga principalmente de la explotación agrícola o ganadera.

La investigación de los delitos del robo o contaminación del agua podrá ser iniciada de oficio por el Ministerio Público, por denuncia de cualquier persona o por querella de determinadas personas jurídicas.

Asimismo, podrán iniciar acciones organizaciones sin fines de lucro, entre ellas, comités y cooperativas de agua potable, las organizaciones de usuarios de aguas y sin fines de lucro dedicadas a la protección y defensa del medioambiente, a la sustentabilidad de los bienes hídricos o el derecho humano al agua. Además, podrán deducir querella la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado o las municipalidades.

Debate

Durante la discusión en la Sala hubo coincidencia en respaldar la propuesta, entendiendo que el agua es un derecho al que deben tener acceso todas y todos los chilenos, sobre todo, en el contexto de cambio climático y sequía que afecta al país y de los millonarios recursos que invierte el Estado en camiones aljibes para satisfacer solo el consumo humano del vital elemento.

Además, indicaron que se debe castigar, de forma más contundente, la usurpación, robo y contaminación de las aguas, ya que son delitos que afectan a numerosas comunidades a lo largo del territorio.

La mayoría de las y los parlamentarios, principalmente de oposición, criticaron la apropiación de aguas por parte de empresas mineras, agrícolas y forestales o por personas inescrupulosas que desvían los cauces.

Participaron en el debate en las jornadas del jueves pasado y de este martes, las y los diputados RN Francisco Eguiguren, Arturo Longton, Leonidas RomeroFrank Sauerbaum y Sebastián Torrealba; PS Leonardo SotoMaya FernándezGastón Saavedra y Jaime Naranjo.

Además, del PPD Carolina MarzánPatricia Rubio y Ricardo Celis; independientes Patricio RosasPedro Velásquez y René Alinco; FRVS Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda; PC Ruben Moraga y Karol Cariola; PL Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales; PCS Diego Ibáñez; DC Matías Walker; y Comunes Camila Rojas.