Por la soberanía de datos y la función pública: Carta abierta a la Convención Constituyente
Santiago, 23 de Agosto de 2021
A los Sres. y Sras. Convencionales Constituyentes
Reciban el saludo de los y las trabajadores/as del SRCeI en todo el país. Nos dirigimos a uds. para representar la voz de los que día a día aseguramos el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a partir de nuestros cientos de actuaciones relacionadas principalmente con el registro de los hechos vitales y con la identidad legal de los chilenos y chilenas.
Esta última función que desde 1943 cumplíamos de forma abnegada, empoderada y eficiente, desde hace más de dos décadas fue externalizada y entregada a empresas privadas con la justificación de la modernización y la incorporación de tecnología que supuestamente no estábamos a la altura de diseñar u operar.
En ese momento, una parte fundamental de nuestra historia se nos arrebataba. Nos sentimos despojados y despojadas de prácticamente la mitad de nuestra función pública. Porque, aunque conservamos la función de captura y entrega, sabíamos que la gestión de los datos, su almacenamiento y administración, así como la confección de las cédulas y pasaportes estarían fuera de nuestro control.
Pero nuestra mirada hoy no sólo se reduce a la nostalgia o al mero romanticismo. Creemos que la administración de lo que se conoce como el oro del futuro, los datos e información privada de las personas, no puede sino estar bajo el alero de una institución pública y queremos exponerles nuestra razones.
Por allá a mediados del siglo XIX, nuestro país al igual que el resto del mundo transitaba el camino de la secularización y de la separación definitiva del Estado y la Iglesia, siendo esta última institución la que llevaba hasta ese momento el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Porque junto al espíritu de la Ilustración y las llamadas Leyes Laicas comprendimos que “El hombre (y mujer) no nace sólo para él o para su familia sino para el Estado. Desde ese momento, por primera vez el Estado reconoce a cada nacido/a en el territorio, como una persona única, con deberes y con derechos.
¿Por qué el Estado quita esta función a la Iglesia y crea para ello una legislación e institucionalidad especialmente dedicada? Porque cree necesario ser el garante de los derechos que ese mismo Estado crea. Y el ejercicio de cada uno de esos derechos parte con el reconocimiento civil de las vidas que comienzan, se unen o terminan y ese reconocimiento no puede ser encargado a un tercero por una razón muy simple: el costo de cualquier error, omisión o adulteración dolosa cometida en este proceso es un daño que la sociedad no se puede permitir porque lesionaría gravemente la fe pública. Es la misma razón de por qué es impensable que el Estado entregue a un tercero privado temas como la administración de justicia o la creación de las leyes.
Sabemos que el paradigma imperante en el periodo transicional profundizó la lógica de la subsidiariedad, la externalización y la subcontratación de servicios reduciendo el Estado a la administración de procesos de compra o licitaciones. Y es esto justamente lo que ha sido cuestionado en cuanto a sus resultados y porque, luego de un ciclo completo, nos hemos dado cuenta de que el precio de achicar el Estado, era el de achicar también nuestra soberanía.
Y en el caso de la información de personas, el concepto a destacar es el de la soberanía de datos y la soberanía digital. En la Unión Europea, estas definiciones parecen estar bastante claras: La soberanía digital puede definirse como la capacidad de un Estado para poder controlar todos los recursos digitales, tanto desde un punto de vista económico como social y político, manteniéndolos a salvo de terceros e influencias externas. Así pues, este concepto hace referencia a la libertad de elección de los diferentes actores y a una menor dependencia con respecto a infraestructuras, plataformas o puntos de acceso a internet no europeos.
La soberanía de los datos, por su parte, amplía esta noción a las organizaciones y determina la capacidad de estas para proteger sus datos de posibles interferencias, principalmente extranjeras, y para actuar de forma independiente, especialmente en ámbitos estratégicos para su desarrollo. El cumplimiento de la legislación europea, que limita las posibilidades de transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea, constituye una garantía adicional para la soberanía de estos datos.
Transcurridos más de 10 años desde el actual contrato de los servicios de identificación y pasaportes entre el SRCeI y la francesa IDEMIA, ex MORPHO, podemos hacer algunas evaluaciones en torno a varios aspectos:
En cuanto al cumplimiento fiel del contrato, debemos decir que IDEMIA ha sido multada en una decena de oportunidades por temas como la no entrega de informes comprometidos, intermitencias en la disponibilidad del sistema y plazos de fabricación entre otros.
En cuanto a la soberanía de datos, podemos decir que la falta de control de parte del Servicio respecto a los procesos de la empresa ha sido al menos débil y se evidencia que cuando en una oportunidad el jefe de servicio solicitó información relativa a investigación de irregularidades, -en el contexto del denominado “caso Pasaportes”, la empresa simplemente se negó a entregarla escudándose en que se trataba de información relacionada con políticas de confidencialidad, políticas de seguridad, protección de propiedad y buenas prácticas de la industria, o sea, los famosos secretos de mercado. IDEMIA fue multada esta vez con $164 millones de pesos.
Cabe mencionar aquí que además de no recibir la información solicitada y en la práctica renunciar a la idea de mínima supervisión y control, al SRCeI además no contó con la capacidad técnica propia para auscultar los procesos de IDEMIA. Tanto es así que debió contratar -nuevamente- servicios externos (empresa Trébol TI) para indagar lo necesario en el contexto de 80 violaciones al sistema de captura y fabricación de documentos ideológicamente falsos producidos en 2019 e investigados por la justicia.
En cuanto a la calidad del producto entregado, basta con comprobar que en algunos casos a pocos meses de uso, el chip incorporado, termina por romperse, dejando inutilizada la cédula para algunos trámites.
En términos de costos, el total de recursos entregados por la provisión de estos productos estimamos que asciende a cerca de USD$1000.000.000 y en cuanto a los costos a las personas, es decidor el hecho de que tengamos el 3er pasaporte más caro del mundo considerando el precio por año de validez.
Hemos subvencionado todo este tiempo a una empresa a la que le hemos facilitado instalaciones, personal, agua, luz, etc. y que no dejará tras su paso más que una serie de dudas sobre lo que podemos y no podemos hacer en torno a diseñar y controlar nuestro sistema de identificación.
Mientras escribimos esto, existen varias páginas web que entregan nombre, sexo, rut, comuna y dirección particular de cada chileno/a y no sabemos de dónde se obtiene tal cantidad de datos, dónde están alojados, etc. y no nos explicamos bien cómo llegaron allí.
Mientras escribimos esto, hay una danza de lobbistas y operadores que tratan de convencernos de que su empresa es la mejor y un director de Registro Civil que debe dar explicaciones al parlamento -no muy convincentes al parecer- sobre el proceso licitatorio.
Mientras escribimos esto, el debate público gira en la posibilidad de que una empresa china ¿estatal? (lo cierto es que corresponde a un consorcio sino-alemán) gane la licitación para la fabricación de cédulas y pasaportes chilenos y los riesgos que ello traería. Lo anterior, que de paso pone a nuestra institución en medio de una pugna interimperialista por la hegemonía comercial en latinoamérica, no hace más que develar los asuntos de fondo que hemos expuesto hasta ahora.
Nos enteramos también de la tragicómica situación de que la actual fabricante de los pasaportes que cobra casi $90.000 mil pesos, realiza una oferta al nuevo proceso con un precio por debajo de los $20 mil.
Es cierto que en esta oportunidad, según las bases de licitación, los datos ahora serán administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Pero resulta difícil de imaginar que la empresa fabricante adjudicataria no tenga en algún momento acceso a ellos para cumplir su función.
La discusión en países como el nuestro está comenzando y nos lleva ventaja. En Argentina a nivel parlamentario se debate el tema desde 2017 y se definen conceptos como Dato Informático del Estado que serían bienes de dominio público, propiedad del Estado Nacional y constituye un recurso estratégico que debe ser resguardado con el objetivo de defender la soberanía nacional en materia de información. Su utilización por parte de terceros sólo será posible mediante autorización explícita de la autoridad competente o cuando la información sea de carácter público. Además dispone que los servidores deberán estar físicamente en territorio nacional y que los proveedores deberán permitir en cualquier momento un acceso total. Argentina además avanza hacia una soberanía tecnológica invirtiendo fuertemente en proyectos como el Plan Conectar.
La pregunta es: ¿Tenemos en Chile estos conceptos como el de soberanía digital y de datos incorporados claramente en nuestras normativas? Creemos que precisamente no es el caso y por eso es que urge debatirlo. Pero no basta con una ley. Creemos firmemente que los derechos digitales, de identidad y protección de datos de la vida privada son esencialmente un derecho humano, un bien público a preservar, un derecho fundamental que debe estar garantizado y tener rango constitucional.
Pero hay otras interrogantes tanto o más importantes: ¿No será prudente declarar como de interés nacional las actuales instalaciones y softwares de fabricación de documentos de identidad –muchas de ellas del propio SRCeI– y comenzar un proceso de internalización de aquellas funciones asegurando una mejor calidad y eficiencia? ¿Hay alguna razón, más allá de lo ideológico, que invalide esta propuesta? ¿Cuáles son las innovaciones técnicas sustantivas, más allá de la lectura de iris e identidad digital incluidas, que justifican una total renovación tecnológica o que no seamos capaces de implementar? ¿Nos debemos conformar como Estado sólo con la neutralidad tecnológica? ¿Debemos nuevamente asumir como país los ingentes costos de litigios para defender los intereses del Estado en la más que cierta judicialización de este proceso licitatorio?
Una apuesta como esta tiene la ventaja obvia de recuperar el control de los costos y de los datos, asegurar la calidad y tener sistemas propios, pero también otras a mediano y largo plazo que se relacionan con la generación de círculos virtuosos de conocimiento en el país y sus instituciones.
Como una reflexión un poco más amplia, luego de más de 15 años de comprar servicios de identificación, ciberseguridad, gestión de sistemas biométricos, etc., ninguno de esos conocimientos, tecnologías o know how han quedado asimilados al acervo del Estado, de sus funcionarios o de la función pública, salvo la mera operación de una interfaz por parte de contados funcionarios/as peritos dactiloscópicos. ¿Nos condena ad eternum a depender de la tecnología foránea? ¿Es que no existirá jamás desarrollo tecnológico propio orientado al tema en nuestras universidades públicas, en el mismo Registro Civil o en centros tecnológicos? ¿dejaremos a perpetuidad nuestra identidad y datos al alcance del lucro privado?. Tras el periodo de explotación, las carreteras y autopistas -en teoría- pasan o debieran pasar a control del Estado. ¿Por qué en este caso no?
Recapitulando, creemos que Chile debe consagrar en su nueva constitución al menos en un par de líneas, el resguardo de la soberanía digital y de datos para el tratamiento de la información del Estado, sobre todo la que se relaciona con antecedentes de las personas, en la idea de recuperar funciones para las instituciones dispuestas para ello como es el caso del SRCeI.
Señoras y señores convencionales: En estos momentos en que su misión es la de dibujar la nueva fisonomía del Estado, les solicitamos con humildad pero con firmeza, tener en cuenta esta exposición a fin de asegurar que sea ese mismo Estado el que recupere algunas de las capacidades que nunca debió perder.
Agradecemos de antemano su tiempo y atención.
Directorio Nacional ANERCICH
Paulina Vargas Vargas
Presidenta
Humberto Miranda Orellana
Vicepresidente
Patricio Méndez Rivera
Tesorero
Pablo Román Torrealba
Secretario General
Marco Epuñán Valenzuela
Prosecretario
Julio Peña Tobar
Director
