Funcionarios de la Defensoría Penal Pública se sumaron este jueves al rechazo del Defensor Nacional Carlos Mora Jano, contra a la indicación aprobada en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional respecto a la creación de Consejo Superior, que deberá ser resuelta por el Pleno durante la próxima semana, y coincidieron en que la iniciativa no garantiza la autonomía institucional e introduce intereses políticos al gobierno de la organización.
A través de su presidente Peter Sharp, la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (Andfud) manifestó su preocupación y rechazo a la “creación del Consejo Superior en la institución”.
“Creemos que no es justo que se aplique, por efecto espejo, una institución que puede dañar –seriamente- la estructura institucional y la visión institucional, y que –además- pueda dar espacios para la creación de poderes fácticos al interior del Consejo; que rigidice la toma de decisiones de la institución para velar por el estado de derecho y, finalmente, que destruya la institucionalidad que tanto nos ha costado construir entre los trabajadores y los directivos de la Defensoría Penal Pública”, dijo, agradeciendo eso sí, “la moción de la autonomía constitucional”.
“Pero esta idea de crear este Consejo con una integración bastante opaca, se contradice con la autonomía constitucional y con la misión de la defensa de los derechos humanos. La Defensoría Penal Pública es un garante del estado de derecho, es un garante de la defensa de los derechos humanos y, la creación de este Consejo, va en la dirección contraria. La Defensoría Penal Pública –y lo dijimos como ANFUD-, apunta a la justicia abierta, que es un reconocimiento constitucional que iría en la nueva Carta Magna, pero la creación del Consejo, apunta hacia la justicia cerrada. Por esto, no compartimos y solicitamos que el Pleno de la Convención, evalúe esta estructura que, más que fortalecer la defensa penal pública en Chile, la va a –eventualmente- debilitar”, concluyó Sharp.
Por su parte, Pablo Sanzana, quien está a la cabeza de la Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile (ADEF), dijo que “creemos que este nuevo sistema de gobierno que dispone la Convención para nuestra institución, va a ralentizar y a diluir la toma de decisiones y va a enlentecer y a burocratizar nuestra institución”.
“Creemos que no es lo más adecuado para una institución que se ha ganado un prestigio de excelencia durante estos 21 años que lleva de vida. Sin embargo, expresamos nuestra satisfacción y valoramos que la Convención Constitucional siga en la idea de otorgar autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública y también la idea de garantizar la prestación de la defensa pública a través de funcionarios de carrera y no bajo el sistema de prestación mixto”, reiteró, puntualizando que “igualmente, como ya lo hemos dicho, la figura del defensor nacional debe fortalecerse, siendo una figura que tenga poder de gestión dentro de la defensoría, pero que además tenga los contrapesos y controles adecuados de en la Constitución”.
