A través de una querella presentada por el abogado Juan Carlos Manríquez en representación de Sergio Barros Ruiz-Tagle, dueño de la sociedad Agrícola Bafon Limitada y propietario de los terrenos en cuestión, detalló que la ocupación que comenzó el pasado 7 de agosto, “tendría por finalidad obtener cuantiosas ganancias y despojar a los legítimos dueños de sus propiedades”.
Luego que el pasado 7 de agosto una decena de familias iniciaran una toma de terreno en San José de la Mariquina argumentando soluciones habitacionales, el dueño de la propiedad en cuestión, Sergio Barros Ruiz-Tagle, a través de su abogado Juan Carlos Manríquez, se querelló contra todos quienes resulten responsables de los delitos de loteos irregulares, fraude y falsificación, usurpación, daños y asociación ilícita.
Ello, porque según se detalló en el escrito, los impulsores de la ocupación “ocultarían un relevante mercado criminal de loteos ilegales, fraudes, usurpaciones, daños y asociación ilícita que tendrían por finalidad, obtener cuantiosas ganancias y despojar a los legítimos dueños de sus propiedades”.
“En efecto, estas acciones han sido realizadas por personas de ambos sexos, quienes han llegado en vehículos, camionetas o pequeños camiones, portando estacas, palos, hebras de alambre, plásticos y otros materiales y herramientas, elementos con los que han estado colocando estacas, palos y “cercos divisorios” de sitios a los que han ido llegando sucesivamente más y más ocupantes, llevando consigo materiales, tablas, listones, herramientas y materiales para construir viviendas ligeras (mediaguas) que ocuparán como casa-habitación, prescindiendo de toda urbanización y servicios básicos, configurando evidentemente un loteo y grupo poblacional irregular proscrito por la normativa urbanística”, agrega el documento.
Al respecto, el abogado Juan Carlo Manríquez explicó que “se trata de una situación extremadamente grave en que las personas en vehículos de alto valor, organizados, con medios, confiesan una usurpación de un terreno y, ante la vista y paciencia de las autoridades, exigen que se toleren las construcciones ilegales que allí se levantan”.
“Eso nos parece, del punto de vista de la convivencia razonable y democrática, no admisible, y por tanto, hemos ejercido las acciones legales pertinentes para que se desocupen esos terrenos. Y si han de procederse judicialmente las diligencias necesarias, esas sean decretadas por la Fiscalía y los tribunales”, puntualizó el abogado.
El terreno en cuestión tiene una superficie aproximada de 9,8 hectáreas y se encuentra ubicado en calle Mariquina (camino público) a 128 metros al nor-oriente de la calle Clodomiro Cornuy, en San José de la Mariquina y actualmente son más de 200 familias las que se han asentado en el lugar.
