Respecto del plebiscito de diciembre, ±44% manifiesta que votará en contra de una nueva Constitución, señalando como causas la falta de legitimidad del proceso y no sentirse representados por los pactos políticos presentes.
El principio de Justicia, seguido del de Libertad, son los dos más importantes para la población encuestada, con un 27% y un 18%, respectivamente.
Hay una clara opción por un financiamiento mixto para sistemas de pensiones (pagado en forma proporcional por trabajadores, empleadores y el Estado), y un sistema mixto estatal-privado de salud (83%).
Incluir normas a nivel constitucional que garanticen los derechos sociales y la probidad, están en el centro de las preocupaciones ciudadanas, con un 25% y un 20% de las menciones.
Principales resultados
El estudio de opinión pública sobre el proceso constituyente que llevó a cabo el observatorio VAR CONSTITUCIONAL, de la Universidad Diego Portales, revela que una gran mayoría de las personas encuestadas manifiesta su interés en que el texto de una nueva Carta Magna sea el resultado de un acuerdo al que lleguen los sectores políticos con representación en el organismo de 50 consejeras/os electas/os.
La mayoría de los encuestados privilegia opciones relacionadas con la búsqueda de consensos, para avanzar hacia una nueva Constitución: un 43% se inclina por “buscar puntos de encuentro con sectores que no piensan como uno para alcanzar grandes acuerdos” y un 29% prefiere debatir y exponer los argumentos de las partes, mostrando apertura para cambiar de opinión”. Solo el 19% manifiesta que los actores del proceso constitucional debiesen mantenerse firme “en los principios que uno defiende sin transar con otros sectores”.
La encuesta se realizó sobre la base de preguntas online en una plataforma digital propia y el trabajo de campo estuvo a cargo de la consultora Feedback Research, entre el 28 de junio y el 3 de julio, considerando una muestra de 2.519 casos. Es un estudio no probabilístico distribuido, según cuotas por macrozonas. Consideró hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-alto, medio y medio-bajo.
La investigación constató que a un 62% de los encuestados le interesa algo o mucho participar en el proceso. Sin embargo, se aprecia una opinión dividida frente a la necesidad de elaborar un nuevo texto constitucional. Mientras un 51% señala que es relevante, un 48% lo considera poco o nada importante.
Respecto de cómo votarán las personas en el plebiscito de diciembre, el estudio muestra que el 44,2% lo hará en contra de una nueva Constitución, mientras que el 28,9% se pronunciará a favor y el 16% anulará o votará en blanco. Ante la consulta sobre las razones por la opción rechazo, la mayoría expresó que se debe a que el proceso no es legítimo (33%), no se sienten representados por los pactos políticos presentes en el Consejo Constitucional (21%) y no resuelve los problemas del país (19%).
Expectativas sobre contenidos de nueva Constitución
En relación con los principios que deben ser incorporados al nuevo texto constitucional, la encuesta muestra que el más importante para las personas entrevistadas es la Justicia (27%), seguido por el de Libertad (18%).
Respecto de cuáles normas son necesarias de incluir en una futura Constitución, la ciudadanía privilegia, en primer lugar, aquellas que garanticen los derechos sociales (25%), la probidad del sector público (20%) y la descentralización del país (18%). Menor relevancia le otorga a establecer un capítulo especial sobre FF.AA. y Seguridad Pública (11%) y fomentar la participación ciudadana (6%).
Al consultar sobre los temas que deben ser incluidos en la Constitución, más del 90% de los encuestados menciona la protección del medio ambiente, el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, y la existencia de un “SERNAC con dientes”.
Estado y Derechos Sociales
Sobre el rol que debe cumplir el Estado en una serie de materias sociales, el 56% señala que el Estado debiese tener un rol principal en la educación básica, el 54% en la provisión de agua potable, el 50% en la atención de salud y el 49% en el sistema de pensiones.
Quienes respondieron la encuesta tienden a dividirse entre una visión más estatista y un rol compartido (estado/privados) en la provisión de estos derechos. Así, sobre un 40% considera que el Estado debe tener un rol principal, mientras otro 40% estima que debe existir un rol compartido de carácter estatal/privado.
Respecto del sistema previsional, el 52% señala que las pensiones debiesen depender solo de la capacidad de ahorro, mientras el 47% está en contra de aquello. Existe acuerdo en que los empleadores tienen que aportar un porcentaje para la jubilación de sus trabajadores (83%), y que el Estado, a través de impuestos, debiese contribuir a mejorar las pensiones (67%).
Solicitamos a los entrevistados elegir cómo distribuir 10 unidades mensuales para financiar sus pensiones. De esas 10 unidades, en promedio, indicaron que 4 debían ser de aporte individual, 3 de aporte del empleador y 3 de aporte del Estado.
Respecto del sistema de salud, el 83% manifestó que debiese establecerse un modelo mixto ,donde el Estado y los privados fuesen los proveedores. Al preguntar sobre cómo tiene que financiarse un sistema público de salud, el 44% indica que todos los trabajadores deben aportar un porcentaje de sus cotizaciones para este fin, un 34% expresa que solo los trabajadores que no puedan o no quieran ir al sistema privado deben aportar al sistema público, y un 21% indica que debía financiarse por la vía de impuestos generales.
También se les solicitó a los encuestados definir cuánto de 10 unidades mensuales debería ir a una cotización individual y a una bolsa solidaria. Los encuestados indicaron que, de esas 10 unidades, 7 deberían ir a financiar un seguro individual y 3 a un seguro colectivo.
Cuando se interroga a las personas sobre el lucro respecto de los derechos sociales, la mayoría expresa que debiese permitirse, pero estrictamente regulado: 67% en el caso del sistema privado de salud, 63% en el sistema de educación privado y 60% en el sistema de pensiones privado.
Concepción de familia
Uno de los debates que se está dando en el Consejo Constitucional se refiere a la concepción de familia. Si ella responde a una concepción tradicional (padre-madre-hijos), o si bien, se pueden aceptar diferentes modelos. Sobre el 80% de los encuestados estima que una familia puede entenderse de modo diverso: pareja de padre-madre-hijos, madre sola con hijos, padre solo con hijos, abuelos que viven con sus nietos, una pareja sin hijos o una pareja homosexual con hijos. El único caso que no es considerado como una familia (42%) en cuando es una pareja de amigos convive bajo el mismo techo.
