Las diversas aristas del Caso Odebrecht continúan entregando más información y, al menos, un 90% de esta se pudo obtener gracias a la herramienta de delación compensada. Este es uno de los resultados que arroja el informe “Elementos legales generales relevantes para la provisión de proyectos de infraestructura pública”, elaborado por el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, y que fue presentado este miércoles en la cuarta versión del Ciclo de Conversaciones 2019 que lleva adelante el centro de estudios Espacio Público.

«La aceptación pública de la delación compensada se desarrolla en la medida de que sirva para que caigan los «poderosos» y que hayan sanciones reales, que vayan a la cárcel y no solo paguen multas” explicó Vargas, y agregó que “debe existir una amenaza creíble de una sanción fuerte; y beneficios sustantivos y seguros para quienes decidan declarar».

En el evento, que fue moderado por la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, también participó la jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad centro-norte, fiscal Ximena Chong, quien afirmó que «la delación compensada es una herramienta útil para el combate de la corrupción, ya que la estructura de esta es bastante similar a las del crimen organizado».

Por otra parte, Chong sostuvo que en el país «la aplicación de las herramientas para combatir la corrupción incluye algunos acuerdos monetarios, entonces da la sensación de que existe justicia de «clase»: quien pueda pagar accede a una negociación y no va a la cárcel”, por lo que la incorporación de herramientas como la delación compensada sería un aporte en revertir esta situación.

Además, la principal persecutora del Caso Corpesca también explicó que Chile recién se está abriendo a la delación compensada, aunque «aún hay una institucionalidad muy débil, sobre todo de las penas, cuando empresarios o funcionarios públicos incurren en prácticas corruptas».

Este análisis también fue compartido por el ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y uno de los principales persecutores de los Casos Penta, SQM y Corpesca, Carlos Gajardo. «En Chile el gran problema es que no tenemos una amenaza seria de una pena alta para conductas corruptas. Falta eso para poder aplicar la delación compensada», afirmó Gajardo.

«Una de las diferencias entre los casos Penta y SQM, es que quienes participaron en el caso Penta estaban en la cárcel, entonces habían más razones para realizar confesiones. Además, fue una de las razones por las que en esa investigación pudimos conocer prácticamente casi toda la información, a diferencia de SQM», agregó el ex fiscal.

Finalmente Gajardo también recordó que “las declaraciones de Hugo Bravo en el Caso Penta fueron un ejemplo claro de delación compensada”. “La opinión pública vio con buenos ojos y entendió que si un cabecilla entrega información, este sea tratado de manera distinta», finalizó.