El 11 de noviembre pasado, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.280, que precisa el ámbito de aplicación del procedimiento de Tutela Laboral, haciéndola extensible a los funcionarios de la Administración del Estado.
Los funcionarios públicos, hasta ahora, se encontraban sometidos a un vaivén de jurisprudencia entre los criterios disímiles de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional (opuestos entre sí) sobre quién tiene la competencia para conocer y resolver los conflictos de orden laboral-constitucional que se suscitan en las relaciones laborales de los funcionarios públicos.
Así, la ley recién publicada pone término a una controversia de varios años, llevando la competencia a los Juzgados Laborales ampliando la aplicación de esta figura para aquellos funcionarios públicos que, en el ámbito del desempeño de sus labores, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales.
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