• Informe 2023 del INDH revisó la situación desde el derecho a la seguridad, donde el Estado tiene obligaciones, puesto que este derecho supone resguardo ante la amenaza de la ocurrencia de delitos.
• Sobre la obligación del Estado de investigar y sancionar delitos, detectó varios problemas. Evidencia de la falta de avance es el alza del archivo provisional de las causas penales entre 2021 y 2022.
• La falta de formalización en conceptos como la violencia rural o el catálogo de delitos para acceder a los beneficios de programas como el Apoyo a la Violencia Rural generan falta de claridad.
El Capítulo 2 del Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mira las violencias entre particulares y grupos organizados entre las regiones de Biobío y Los Lagos. En el documento el INDH establece que un conjunto de delitos afecta el derecho a la seguridad personal de quienes viven en la zona. Y ante todo ello la respuesta del Estado aún es insuficiente.
En su análisis, el documento recuerda las medidas con que el Estado buscó dar respuesta al problema. Estas partieron en 1999, cuando el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle firmó el Pacto por el Respeto Ciudadano, en un contexto marcado por la aparición de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). A partir de esa fecha, cada gobierno emprendió un plan.
La más reciente es el Plan Buen Vivir, ideado por el Presidente Gabriel Boric en mayo de 2022 para abordar la violencia y las inequidades. Y en septiembre de 2023 se conformó el Consejo Interministerial para el Plan Buen Vivir. Pero esto se encuentra acompañado del estado de excepción, instaurado en mayo de 2022 y que reedita una decisión del gobierno que lo precedió.
Innovación del informe
Pese a los planes y medidas de control, las violencias persisten. Para estudiar el tema, el Informe Anual 2023 lo revisó a partir de la exigencia del derecho a la seguridad ante hechos de violencia entre particulares. Aquí, el Estado tiene obligaciones, puesto que el derecho a la seguridad supone el resguardo ante la amenaza de la ocurrencia de delitos.
El capítulo dio cuenta entonces del relato proporcionado por actores clave de la zona afectada. Lo que cuentan las víctimas está marcado por el temor y el trauma ocasionado por el delito cometido en su contra. Entre algunas de ellas existe la sensación de abandono por parte de Carabineros y del Estado. Creen que las instituciones estatales no han cumplido su obligación.
Entre aquellos derechos afectados está el derecho a la educación. Aparte de la quema de establecimientos, se mencionan dificultades para asistir a la escuela por los cortes de caminos. También existe afectación a la libertad religiosa con los ataques a iglesias cristianas y la destrucción de lugares sagrados mapuche, y a las libertades de circulación y residencia y el derecho a propiedad.
Análisis de datos delictuales
Ahora bien, en cuanto a la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos que vulneran estos derechos, el capítulo apreció varios problemas. Uno de ellos es determinar quiénes los perpetradores y sus motivaciones. Evidencia de la falta de avance en estas materias es el alza del archivo provisional de las causas con delitos asociados a la seguridad personal. Ésta pasó de 39,48% en 2021 a 43,56% en 2022.
Junto con ello, existe un aumento preocupante en 2022 del número de casos de imputados desconocidos. Uno de cada tres delitos contra la seguridad personal no existe un imputado conocido.
Además, el informe planteó que resulta fundamental diferenciar qué delitos se pueden asociar al conflicto intercultural. Las personas entrevistadas aportaron como ejemplo el robo de madera, en hechos que no estarían vinculados a las deudas históricas, sino que responderían a delincuencia común.
Es un tema relevante. El informe del INDH indica que en la medida en que las investigaciones mejoren, podrían extinguirse visiones unidimensionales que asocian, mecánicamente, hechos delictuales con grupos indígenas. Entonces, el hecho de que responsables de delitos graves pertenezcan a grupos mapuche no debiera significar responsabilizar a todo un grupo étnico.
Situación de las víctimas
El capítulo detectó una brecha en el derecho a planes, medidas e información de acciones reparatorias a víctimas. Pese a la existencia de varios programas y diseños, no hay un reconocimiento formal de cuáles delitos debieran tener prioridad. Pese a importantes avances, hay desafíos en temas como saber el número de policías por comuna.
La falta de formalización en conceptos como la violencia rural o el catálogo de delitos para acceder a los beneficios de programas como el Apoyo a la Violencia Rural generan una falta de claridad. Hay potenciales víctimas que podrían ser perjudicadas por no conocer las normativas del programa.
El informe también consigna que los funcionarios policiales y del Ministerio Público son quienes más creen que los delitos responden a causas sociales más profundas y que su acción es sólo una respuesta reactiva. Esta idea, concluye el capítulo, releva la necesidad de un enfoque multisectorial.
Por ello, se plantea que, si el objetivo es lograr mejores niveles de convivencia y paz, los municipios tienen un rol clave en prevención y recomposición del tejido social. Pero los gobiernos locales, quienes más conocen las necesidades de sus habitantes, muchas veces carecen de recursos financieros y humanos.
