En febrero de 2024, y tras casi dos años de discusión, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito, con el objetivo de incentivar la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Sin embargo, expertos y activistas latinoamericanos temen que el lenguaje usado por el tratado valide prácticas abusivas contra el ejercicio de derechos humanos en la región.
Aunque hay consenso sobre el potencial que las nuevas tecnologías ofrecen para el desarrollo de los Estados y las sociedad en su conjunto, existe también mucha preocupación sobre cómo estás mismas tecnologías pueden ser explotadas por actores maliciosos para la realización de distintos actos perjudiciales, contribuyendo al número y la complejidad de la actividad criminal. Es así como, en 2019, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución 74/247, que establece la creación de un comité intergubernamental especial para la redacción de una convención contra el cibercrimen. El comité ad hoc sesionó por primera vez en febrero de 2022 y tiene una sesión final programada entre el 29 de enero y el 9 de febrero del próximo año, donde se presentará el texto final del convenio, el más importante a la fecha en la materia, dado su carácter mundial.
Sin embargo, el tratado concita preocupación entre expertos y activistas de derechos humanos de todo el mundo, particularmente en América Latina. Actualmente, el borrador del convenio consigna 11 delitos, crea nuevos procedimientos penales para el intercambio transfronterizo de pruebas (incluyendo datos personales) y mayores facultades de vigilancia para las policías, pero sin las salvaguardas necesarias para garantizar que su implementación no habilitará violaciones de derechos humanos, particularmente en países con democracias frágiles, largos historiales de autoritarismo y abusos policiales. Las organizaciones de sociedad civil que han participado de las negociaciones han alertado sobre la falta de precisión en el lenguaje utilizado en el tratado y la amplitud del ámbito de aplicación, lo que podría dar pie a interpretaciones amplias y abusos estatales.
No se trata de una posibilidad puramente teórica. En una nueva investigación, Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) han documentado una docena de casos alrededor del mundo donde se han invocado leyes contra los ciberdelitos o regulaciones de contenido en internet para perseguir y criminalizar activistas y periodistas, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres y personas LGBTQIA+. Es el caso de Cinthia Samantha Padilla Jirón, una de las 222 personas exiliadas de Nicaragua a principios de 2023. En 2021, Padilla Jirón era parte del equipo de campaña del precandidato presidencial Félix Madariaga cuando fue detenida junto a otras 46 personas y condenada a ocho años de prisión, cuatro por infringir la ley de ciberdelitos, bajo la acusación de propagar noticias falsas. Se teme que el lenguaje amplio y la falta de salvaguardas apropiadas en la convención sobre ciberdelito de ONU pueda legitimar casos como el de Padilla Jirón o el uso de software espía como Pegasus, ampliamente utilizado en México en contra de periodistas y activistas de derechos humanos.
Para Michel Roberto de Souza, director de políticas públicas de Derechos Digitales “hay muchos puntos en que resulta crucial la atención de los representantes de los Gobiernos de América Latina para garantizar la adecuada protección de derechos fundamentales en la persecución del ciberdelito”. Sin embargo, la posición de las delegaciones latinoamericanas en materia de derechos humanos ha sido ambivalente: “América Latina se ha mostrado favorable a incluir perspectiva de género en el tratado, pero se ha resistido a acotar el lenguaje para incluir salvaguardas que limiten las capacidades de vigilancia de los Estados”, explica Paloma Lara Castro, coordinadora de políticas públicas de Derechos Digitales.
Durante la sexta sesión del comité ad hoc, celebrada en Nueva York entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre pasados, las organizaciones latinoamericanas reunidas en el consorcio AlSur entregaron un conjunto de recomendaciones en materias como perspectiva de género, medidas procesales y aplicación de la ley, criminalización y cooperación internacional. No obstante, la preocupación continúa. Durante la sesión, China, Rusia y Pakistán, apoyados por numerosos estados, introdujeron propuestas que ampliaría el número de delitos contenidos en el tratado, particularmente respecto a tipos de discurso ilícito, al mismo tiempo que reduciría las salvaguardas de derechos humanos.
Para Lara Castro, “es imperioso que los Estados de la región cumplan con sus obligaciones, respetando especialmente los estándares interamericanos que tanto ha costado alcanzar y son vitales para el desarrollo democrático y del estado de derecho de la región”.
