En el marco de la discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para anular la ley de Pesca, el presidente de Fenaspar Chile y actual líder del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, presentó una querella criminal contra todos los que resulten responsables del delito de cohecho en la tramitación de la citada norma.
La acción judicial, afecta a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y empresas asociadas, ex parlamentarios y en ejercicio, así como autoridades de gobierno, entre los que destaca el actual Intendente del Bio Bio.
“Esta querella es una señal para la industria pesquera. Llevan semanas hablando en la prensa, a través de Asipes y Sonapesca, intentando que los chilenos creamos que la ley de pesca fue aprobada sin cohecho. Pues les decimos que los chilenos sabemos la verdad, la ley de pesca es ilegítima y con esta acción judicial esperamos acelerar las investigaciones que hoy están en curso y que todos los involucrados -sin importar su rango y color político- tengan la máxima sanción de la justicia y no haya más excusas para que el Congreso anule la Ley de pesca”, indicó Cortés.
La acción judicial afecta a “toda persona que resulte responsable sea en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de cohecho”, según lo dispuesto en los artículos 111, 112, y 113 del Código Procesal Penal, artículos 248 y siguientes del Código Penal.
Al respecto, el texto detalla que el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Luis Felipe Moncada, gremio integrado por las compañías Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, BahíaCoronel, Biobío, Congelados Pacífico, Camanchaca, Foodcorp, Landes y Blumar Seafoods, “está involucrado en el posible pago a personeros políticos de parte de empresas pesqueras agrupadas en dicha asociación”, considerando que se conoce de la existencia de correos electrónicos que daban cuenta del lobby que realizaron esas empresas en el Congreso mientras se tramitaba la Ley de Pesca surgiendo el cohecho como el presunto delito a indagar, por lo que esta conducta delictiva estaría presente en tramitación de dicha normativa que reguló el acceso a cuotas de captura que favorece a las grandes empresas del rubro, y que afecta a la pesca artesanal de la Región del Bío Bío”.
En la querella se solicita indagar la participación en la tramitación de ley de Pesca, así como en la Ley 20.837 que se refiere a la excepción para la pesca artesanal del jurel, y la Ley 20.657 que modifica el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos.
