Dr. Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule.
Hoy nos encontramos ad portas de la finalización del trabajo de la Convención Constitucional para, en el tiempo que quede antes del 4 de septiembre, lograr conocer a cabalidad la nueva Constitución que será juzgada a través del apruebo o rechazo en el plebiscito de salida. Esta etapa es de mucha relevancia, ya que como institución deberemos generar los espacios no solo internos, sino que también abiertos a la comunidad para poder permitir conocer dicha propuesta para Chile.
Cada vez quedan menos espacios para hacer llegar sugerencias o participar de alguna manera en la construcción que los convencionales han ido haciendo con mayor o menor posibilidades de participar en ello de la ciudadanía. Cada uno de nosotros ponderará la propuesta y deberá votar en consciencia pensando, por supuesto en el bien mayor que cada uno quiera defender o crea que es el que corresponde.
En este contexto, quiero manifestarles a ustedes al menos una preocupación que, como universidades del G9 y en nuestro caso además como institución católica, tenemos al respecto de lo que hoy se está aprobando. La Comisión de Derechos Fundamentales donde se habla precisamente del derecho a la educación, está planteando nuevas maneras de asegurar este derecho que, seguramente, ha estado fuertemente influenciado por los tiempos graves de desregulación vividos en el sistema de educación desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde la dictadura o los tiempos de cambios o fortalecimiento de un modelo que permitió que ese crecimiento desregulado llevara al sistema a cambiar el foco de la calidad, del desarrollo de la educación de forma seria, por uno orientado a la cobertura, descuidando con ello, el aprendizaje mismo y posibilitando que organizaciones privadas o personas lucraran con un bien que cada día se iría desvalorizando.
Entiendo que esto está a la base de la propuesta que hoy se está haciendo, junto tal vez con otras definiciones y opciones ideológicas o filosóficas. Por ello, puedo entender el afán por buscar no permitir una repetición de ello, pero el camino, al menos hasta el que hoy se está definiendo, determina una mirada casi exclusiva del Estado sobre el sistema, desconociendo que la provisión mixta de la educación ha sido parte de la historia de nuestra nación y, por tanto, no es su existencia la que ha permitido los excesos que un modelo centrado en lo económico ha generado. Hoy se busca asegurar por la vía de una nueva Constitución un camino casi exclusivo de lo estatal en educación, digo casi exclusivo ya que lo no estatal podrá participar sólo en la medida que responda a los mismos criterios de lo estatal, poniendo en entredicho los mismos principios defendidos y anunciados de no discriminación e inclusión.
Comparto esta tremenda preocupación con ustedes porque creo en lo que nuestro proyecto y el de otros no estatales como los que encontramos en el G9, han dado por el país y sus territorios y siento que es mi deber denunciarlo, esperando con ello también apoyo y contribución de los miembros de nuestra comunidad.
