– Oficios piden establecer criterios de legalidad ante lo que la bancada ha calificado como “aprovechamiento político de la pobreza de miles de personas con recursos públicos. Las cajas de mercadería no son fruto de la gestión personal de las autoridades que acuden a las entregas, es parte de un plan estatal y con esa altura y ética política deben gestionarse y entregarse”.
– Gobierno tiene diez días de plazo para informar a Contraloría.
La bancada de diputados DC destacó la rápida respuesta de la Contraloría General de la República a los oficios de fiscalización enviados por diputados DC que piden un pronunciamiento del ente contralor por las acciones del Gobierno en el proceso de entrega de cajas con mercadería, en el marco del Plan llamado “Alimentos para Chile”.
Los oficios, presentados por los diputados Gabriel Silber, Joanna Pérez y Gabriel Ascencio, fueron presentados a raíz de una serie de hechos donde se evidencia “el uso indebido de recursos públicos, generándose un aprovechamiento político de la pobreza de miles de personas para buscar réditos políticos de la peor forma”, señalaron los parlamentarios.
Sobre la decisión de la Contraloría de pedir al Gobierno que informe en un plazo de diez días, el diputado Gabriel Silber señaló que “valoramos la rápida reacción de la Contraloría en un tema de tanta relevancia y sensibilidad como este. Nadie puede aprovecharse del dolor y la angustia de las personas, muchos menos en el actual momento. El proselitismo debe ser erradicado y condenado; esperamos que el Gobierno cumpla con lo señalado por la Contraloría y que el ente contralor emita un pronunciamiento clarísimo para que ello no vuelva a repetirse”.
El diputado Gabriel Ascencio, agregó que “lo que hemos visto por parte del Gobierno es despreciable, han pasado por alto la dignidad de las personas y hay una falta de humanidad inaceptable. Nuestra fiscalización no sólo apunta a la forma en que se han estado entregando las cajas de mercadería, sino al instructivo que se difundió y que, francamente, es una clara muestra de cómo se aprovechan recursos fiscales para réditos políticos”.
La diputada Joanna Pérez, en tanto, señaló que “valoramos la decisión de la Contraloría de responder con celeridad a nuestros oficios; exijo un protocolo serio sin proselitismo, que resguarde lo sanitario y lo ético por la privacidad y respeto de las personas beneficiadas. Las cajas de mercadería no son fruto de la gestión personal de las autoridades que acuden a las entregas, es parte de un plan estatal y con esa altura y ética política deben gestionarse y entregarse, sin obtener réditos de ningún tipo”.
