EN LO PRINCIPAL: Adhiere a la petición de expulsión de la militante María del Pilar Armanet Armanet.
- Tribunal Supremo del Partido Por la Democracia (PPD)
RICARDO CELIS ARAYA, a nombre de las Diputadas y Diputados del PPD que integran la Bancada PPD-PRO, viene ante el Ilustrísimo Tribunal Supremo del PPD a exponer y solicitar:
1.- El PPD en el artículo 28 de su Declaración de Principios señala que “El PPD impulsará una educación gratuita y de calidad, desde los primeros años hasta la educación superior, así como una formación durante toda la vida activa. (…) El Estado tiene la obligación de desarrollar un sistema de educación pública vigoroso en todos los niveles educativos”.
En Coincidencia con nuestra Declaración de Principios, el PPD formó parte de la coalición Nueva Mayoría, que impulsó la candidatura de doña Michel Bachelet Jeria, la cual entre sus principales elementos programáticos planteaba la necesidad de realizar una profunda reforma a la educación chilena en todos sus niveles a fin de promover para el país una educación de calidad, que fuera considerada como un derecho y no como un bien de consumo, además que fuera una educación inclusiva y en donde el lucro no tuviese lugar en las instituciones que recibieran recursos del Estado.
Una vez electa la Presidenta Bachelet, militantes del PPD ocuparon un lugar de privilegio en la tarea de impulsar esta gran reforma educacional, prueba de ello es que los dos ministros de Educación que la impulsaron fueron militantes de nuestro partido, primero el Ministro Nicolás Eyzaguirre, después Ministro de Hacienda y luego la Ministra Adriana Delpiano. Tanto el Ministro como la Ministra desarrollaron una tarea titánica para poder llevar adelante la batería de proyectos que significaba la reforma y que fueron aprobados con éxito en nuestro Congreso Nacional, en donde además nuestros parlamentarios, tanto diputados(as) y senadores(as), tuvieron una actitud disciplinada y consecuente con nuestros principios en el apoyo de todas las iniciativas. Fue así que primero se aprobó una reforma tributaria, para lograr el financiamiento de la reforma educacional; luego una gran reforma a la educación básica y media, que hacía posible una educación pública sin lucro, sin selección y sin copago; también se aprobó la creación de Institutos Profesionales del Estado en todas las regiones de Chile; la creación de nuevas universidades estatales en las regiones en que no existían, como O’higgins y Aysén; y posteriormente una gran reforma universitaria tendiente a establecer una nueva institucionalidad, mejorar la calidad, evitar el lucro en la educación pública universitaria y avanzar en educación gratuita hasta llegar hasta el sexto decil de nuestra sociedad.
Todas las reformas anteriormente señaladas se lograron aprobar luego de arduas discusiones en el Congreso, y con una derecha no dispuesta a ceder en sus posiciones ideológicas conservadoras, de hecho la última de ellas, la reforma a la educación superior, solo logró ver la luz a pocos días de terminar el Gobierno de la Presidenta Bachelet, lo cual ha sido visto como el mayor avance en las últimas décadas en la materia.
El señalado proyecto sobre universidades, no obstante haber sido aprobado en el Congreso Nacional con las mayorías requeridas para sus disposiciones, debía sin embargo sortear un nuevo obstáculo, el control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, organismo hijo del sistema binominal que hoy se encuentra constituido por una mayoría conservadora y que, por lo mismo, ha logrado por vía de sus fallos, modificar importantes leyes que fueron impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet, como la reforma laboral, la ley de aborto en tres causales y ahora la reforma a la educación superior, respecto de la cual fue modificada para permitir que pudiesen ser sostenedores de universidades que reciben fondos del Estado, personas naturales o jurídicas que persiguen fines de lucro, con lo cual se desvirtúa en buena manera uno de los objetivos que persiguió esa reforma, que las ganancias que pudiese obtener una institución universitaria fuesen invertidas en mejorar la calidad de las mismas y que no fuesen a parar a los bolsillos de su sostenedor.
En el marco del control preventivo que debía efectuar el Tribunal Constitucional, la Corporación de Universidades Privadas, encabezada por su Presidenta doña María del Pilar Armanet Armanet – en una situación desde ya extraña, ya que normalmente el Tribunal Constitucional realiza este control preventivo solo con los antecedentes del proyecto – solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto o, en su defecto, eliminar la palabra “solo” para permitir que universidades con sostenedores con fines de lucro pudiesen recibir recursos del Estado, petición que el día martes 28 de marzo fue a aceptada por el Tribunal Constitucional, torciendo de esta manera la voluntad del Congreso Nacional que había aprobado la disposición para que sostenedores con fines de lucro no pudiesen recibir recursos estatales en el futuro.
Lo realmente grave es que quien encabezó esta operación de desmantelamiento de la reforma, doña María del Pilar Armanet Armanet, es actualmente militante del PPD, ha sido partícipe como funcionaria de varios gobiernos en que ha sido parte el PPD y, además, instancias como la JPPD la conminaron a no encabezar esta acción en contra de la reforma a la Educación Superior a fin de no socavar este logro en que se han depositado los mayores esfuerzos del PPD, de sus militantes, de sus ministros y de sus parlamentarios.
POR TANTO,
Considerando, que con su acción la señora Armanet ha atentado en contra de los principios contenidos en nuestra declaración, se ha apartado de nuestra línea partidaria y ha provocado un serio daño a nuestra imagen como partido progresista, ya que los medios de comunicación y redes sociales la señalan como militante PPD, las diputadas y diputados del PPD venimos a adherir a la solicitud de expulsión del partido de doña María del Pilar Armanet Armanet, que han realizado ante el Ilustrísimo Tribunal Supremo un grupo de militantes encabezados por nuestra Diputada Cristina Girardi y el Ex Presidente de la JPPD Farid Seleme.
Es gracia,
RICARDO CELIS ARAYA
Jefe de Bancada
