Luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acusara inconstitucionalidad en el proyecto de ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales, la bancada socialista e impulsora de la también llamada ley contra los delitos de cuello y corbata recurrió esta jornada al Tribunal Constitucional para presentar mayores argumentos que fortalecen las normas que deben ser revisadas por el organismo.
Recordemos que la propuesta diseña un nuevo sistema de determinación de penas (sistema autónomo de punibilidad) para los delitos que considera económicos y los sustrae de las reglas del Código Penal Vigente.
De tal forma, la norma previene escenarios de colusión como, por ejemplo, aquellos ocurridos con las farmacias o los pollos, esto, con el motivo acabar con las transgresiones cometidas por parte del empresariado.
El diputado Leonardo Soto, dijo que “consideramos que la CPC que es el gremio que agrupa a los empresarios más grandes de Chile está intentando bloquear una ley que lo único que hace es castigar con más severidad, con mejores penas, con penas de cárcel a los delincuentes económicos, a las personas que cometen crímenes, contra la economía, los mercados, contra el mercado bursátil y millones de consumidores”.
“No tiene la razón el gremio empresarial cuando intenta de una u otra manera desvirtuar los antecedentes, incluso incurre en falsedades que han sido controvertidas en los medios de comunicación. Aquí se está estableciendo un estatuto especial para los delincuentes económicos en atención a que tienen características especiales y distintas y eso no es faltar a la igualdad ante la ley”.
El jefe de bancada PS, Daniel Manouchehri, enfatizó que “cuando los empresarios se coluden para subir los precios de los remedios o los precios de la comida, lo que están haciendo es un portonazo a 17 millones de chilenos. No podemos permitir que este tipo de delitos que afectan a millones de personas terminen con clases de ética. La gente nos ha pedido a nosotros que legislemos para que estos graves delitos en contra de no queden impunes y terminen con pena de cárcel y eso es lo que justamente ha hecho esta ley y nosotros lo que esperamos es que acá se respete la voluntad soberana del pueblo de Chile expresada en el parlamento y además expresadas en un clamor nacional que es que estos delitos paguen con cárcel como se merecen”.
El diputado Daniel Melo, se refirió a las aristas en materia medioambiental. “Hemos recurrido al TC porque queremos poner una muralla a los delitos de cuello y corbata. En materia ambiental, por ejemplo, proyectos como Pascualama que destruyeron la totalidad de los glaciares en la región de Atacama junto con todo lo que ocurrió hace años atrás, en Valdivia con la muerte de cientos de cisnes de cuello negro que son imágenes que no queremos ver más en nuestro país y que quedaron en la totalidad impunidad. Con esta ley los delictivos de esas empresas pagarían con cárcel, por eso tan importante que podamos avanzar en esta materia y que en definitiva la proposición que nos hacen los grandes empresarios en Chile quede en nada y se respete efectivamente la voluntad del Congreso Nacional de avanzar en una ley que castigue con penas de cárcel los delitos de cuellos y corbata, en Chile nadie puede estar por sobre la ley”, puntualizó.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, endureció el debate. “Lamentamos que en el momento en que Chile necesita de mayor consenso en la lucha contra la delincuencia y la corrupción del tipo que sea, algunos empresarios hayan querido hacer este recurso en el Tribunal Constitucional y peor aún apelando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley, por favor, ellos, un grupo privilegiado en nuestro país que cuando se condena reciben multas irrisorias y los mandan a clases de ética. El Partido Socialista va a tomar todas las acciones que sean necesarias para no mantener la impunidad en los delitos de cuello y corbata que tan mal le hacen a nuestro país”, cerró la legisladora.
