La bancada de diputados de Renovación Nacional envió una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que “asuma personalmente la dirección de la investigación” del caso de la Fundación Democracia Viva, entidad que recibió $426 millones de la seremía de Vivienda de Antofagasta.
En el documento se plantea que “de las vinculaciones y relaciones personales/políticas entre los involucrados parece existir claridad, sin embargo, resta conocer mediante la indagatoria que lleva adelante el órgano persecutor si hubo coordinación susceptible de ser perseguida en sede penal. De verificarse eventualmente un fin delictivo, nuestro ordenamiento jurídico penal contempla el delito de asociación ilícita”.
Frank Sauerbaum, jefe de bancada, valoró que el Ministerio Público iniciara “acertadamente una investigación de oficio. Es indudable que una de las líneas investigativas que se debe explorar, es la relación con la eventual existencia de una asociación ilícita”.
Precisamente, la carta enviada a Valencia, muestra que la Fundación Democracia Viva tiene a Daniel Andrade (pareja de la diputada Catalina Pérez) como representante legal y a Carlos Contreras, hoy exseremi del Minvu en Antofagasta y que fue jefe de gabinete de Pérez. La entidad, además, registra a Cecilia Millán como dueña del inmueble que la organización arrienda en Ñuñoa, sede además de la ONG; y a Carolina Pérez Dattari, integrante de Democracia Viva, quien también es actual Subsecretaria del Patrimonio Cultural.
El denominador común es que todos son militantes de Revolución Democrática y han formado, o forman como en el caso de Pérez Dattari, del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Y en esa línea, el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro, va más allá al señalar que la investigación se torna más compleja: “Es evidente que de corroborarse las denuncias, estamos en presencia de una estructura compleja, que operó por meses con el único objeto de defraudar al Fisco. La asociación ilícita ciertamente es una línea investigativa que se debe abordar, y por el perfil de los supuestos involucrados necesitamos un equipo que esté a cargo, ojalá por el fiscal nacional”.
Finalmente, Frank Sauerbaum aclaró que “de conformidad con la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal nacional puede tomar personalmente la investigación de esta causa. Acá hay funcionarios de confianza del Presidente y una vicepresidenta de la Cámara en ejercicio que podrían estar involucrados y de quienes se requerirá antecedentes”.
