Los diputados advierten que esta situación pudo conllevar delitos como falsificación o adulteración de instrumento público hasta fraude al fisco, ya que la manipulación de las métricas hospitalarias podría derivar en incentivos indebidos para los funcionarios.
La Bancada de Diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón y los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara, María Luisa Cordero y Andrés Celis enviaron un oficio a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera y al Director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Juan Torres para que ejerzan las acciones penales derivadas de la auditoría realizada al Hospital Sótero del Río que reveló la eliminación de las listas de espera de los pacientes en ese recinto hospitalario.
Además, los parlamentarios remitieron la misma solicitud al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg con el fin de que resguarde también el Patrimonio Fiscal y la Probidad en la Función Pública frente a recursos que pudieron haber sido mal utilizados.
Este hecho ha causado una gran conmoción entre los ciudadanos, especialmente entre aquellos que residen en la zona sur oriente de Santiago. La investigación fue instruida por el Servicio de Salud a solicitud de la Contraloría luego que informara sobre un “descenso inexplicable en tales métricas de gestión, (que) habría detectado una alteración masiva, maliciosa y grave de listas de espera existentes al interior del centro asistencial, las que corresponderían a prestaciones en salud que son esperadas por pacientes de dicho Hospital”, dice el oficio de los parlamentarios RN.
Los diputados RN confirman que – efectivamente- con fecha 7 de junio de 2023, se dieron de baja al menos 323 mil 327 posiciones en la lista de espera de interconsulta de especialidad, aduciéndose distintos motivos que no lograron ser materialmente justificados. Sin que mediara ninguna causal saltándose las directrices que imponen las normas técnicas de gestión.
Para los diputados, toda esta situación supone una “afectación sanitaria grave”, ya que no se realizaron las consultas con especialistas para diagnóstico y tratamiento de pacientes enfermos; 10 mil de los cuales fueron erróneamente extraídos del instrumento.
Además, agregan que esto “puede implicar una utilización indebida de recursos fiscales en cuanto esta forma de administración de los resultados hospitalarios podría redundar en la concesión de incentivos, estímulos o bonificaciones que se relacionan con el desempeño de los funcionarios. Es importante tener a la vista que esta situación podría implicar una serie de hechos punibles”.
Algunos de los delitos que – aseguran los diputados pudieron haberse cometido son: El delito de falsificación o adulteración maliciosa de instrumento público cometido por empleados públicos, que está previsto en el artículo 194 del Código Penal, ya que las listas de espera son instrumentos de naturaleza administrativa que dan cuenta de manera fehaciente de la posición de espera que corresponde al paciente y de la gestión que se hace de las prestaciones sanitarias otorgadas.
Por otra parte los hechos podrían constituir el delito de fraude al Fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal, si fuera el caso de que esta actuación ilícita se relacione con la obtención indebida de estímulos fiscales por gestión o desempeño. Finalmente, en tanto los delitos se ejecuten en un contexto organizativo, podría verificarse el delito de asociación delictiva o criminal previsto en los artículos 292 y 293 del mismo Código.
Finalmente, los diputados aseguran en el escrito, que el Código Procesal Penal impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar los hechos punibles que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, misma obligación contenida a nivel administrativo en el Estatuto Administrativo.
