Los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira -querellantes en el caso- llamaron al Ministerio Público a “disponer todos sus equipos y herramientas” en las indagatorias.
Luego que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota decidiera abrir una investigación de oficio por el traspaso de $2.500 millones de pesos desde el Gobierno Regional a una fundación domiciliada en Coquimbo, los diputados de la Bancada UDI y querellantes en el “Caso Convenios”, Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira, llamaron al Ministerio Público a sumar en todas las indagatorias a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC), considerando que el propio ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, reconoció que “estamos en presencia de actos de corrupción”.
Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas manifestaron su confianza en el trabajo que están realizando las distintas fiscalías regionales, advirtieron que “todo indica que estamos frente a un verdadero mecanismo de defraudación, que va mucho más allá de algunas regiones, sino que estaría operando en todo el país”, por lo que aseguraron que “pareciera indispensable que la Fiscalía ponga a disposición todas sus herramientas y equipos para perseguir a los responsables de este grave caso”.
“Con los antecedentes que conocemos hasta hoy, es absolutamente incalculable saber, de manera certera, cuántos fueron los miles de millones que se han defraudado mediante este mecanismo delictivo. El monto por ahora supera los $10.000 millones de pesos, la mayoría de ellos en manos de organizaciones y fundaciones vinculadas al Frente Amplio, en especial a Revolución Democrática, pero lo cierto es que cada día que pasa vamos conociendo nuevos antecedentes, de modo que perfectamente podríamos estar frente a uno de los mayores fraudes en el país”, señalaron los UDI.
Por lo mismo, Fuenzalida y Moreira insistieron en que la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional “es una área dedicada exclusivamente a apoyar a los fiscales que tienen a su cargo investigaciones relacionadas con casos de corrupción, como ocurre actualmente”, de manera que insistieron en que “es evidente que estamos frente a una causa que reviste la mayor gravedad, y que por los montos y las autoridades involucradas merece que esté todo el Ministerio Público encima”.
“Cuando son seis fiscalías regionales las que han iniciado investigaciones de oficio en sus respectivas zonas, por montos absolutamente millonarios, que además estaban destinados para ir en ayuda de las personas más vulnerables, como son las que viven en situación de campamento, las autoridades correspondientes tienen la obligación de poner a disposición todos sus recursos para ir en búsqueda de los responsables, que no son pocos”, reiteraron los parlamentarios gremialistas, quienes por lo mismo insistieron en que dada la gravedad de los antecedentes “pareciera oportuno que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en este caso, presentando las querellas que sean necesarias”.
“Vamos a cumplir tres semanas desde que se destapara este caso y aún no vemos al CDE ejerciendo las acciones para las cuales está mandatado. Por eso esperamos que sólo sea una cuestión de tiempo y no otras razones, lo que resultaría absolutamente inaceptable”, advirtieron Fuenzalida y Moreira.
