El ingreso de extranjeros a nuestro país en forma irregular y la detención de algunos migrantes indocumentados en hechos delictivos, ha sido un dolor de cabeza para las autoridades. Sin embargo, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara logró despachar para que se vote en sala, el proyecto de ley “que tipifica como delito el ingreso irregular o por pasos clandestinos a nuestro país. Hoy, quien ingresa por la frontera no tiene ningún tipo de sanción”, explicó el presidente de la instancia, el RN Andrés Longton.
Este es un nuevo intento de hacer efectivo el denominado Criterio Valencia, que primero extendió de 3 a 5 días el periodo de detención de un extranjero, hasta que se logre identificar. Así, por ejemplo, el diputado Longton apuntó que en la actual gestión del Presidente Gabriel Boric, “el porcentaje de expulsiones es cada vez más bajo. 187 expulsiones este año cuando en 1 año 10 meses el gobierno va a llegar a casi 89.000 ingresos irregulares”. Agregando que esto repercute “en que muchas personas vienen a cometer delitos a nuestro país y eso, lamentablemente, no es detectado a tiempo para poder ser expulsadas estas personas”.
Ejemplificó con el asesinato de una persona de 36 años durante el fin de semana en Los Ángeles, perpetrado por dos extranjeros irregulares: “Ellos tienen que ser expulsados antes de que cometan el delito y para eso hay que acelerar los procesos de expulsión. No puede ser que en casi dos años de gobierno tengamos más ingresos irregulares que en cualquier momento de nuestra historia”.
En ese sentido apuntó que las reglas deben ser parejas para todos, “y alguien que ingresa de manera ilegal a nuestro país tiene que tener una sanción, y esa sanción va a ser prioritariamente la expulsión”. Agregando que “no podemos seguir tolerando estas hordas masivas de ingresos irregulares en nuestro país (…) ingresar ilegal a nuestro país repercute en que el día de mañana te regularizan. Si no pregúntenle al Tren de Aragua que la mayoría de los detenidos está irregular en nuestro país y que la única manera en que hayan sido detenidos es porque cometieron un delito”.
Andrés Longton contó que para que la iniciativa debe ser priorizada para su discusión en la sala, y reiteró que si hoy “no expulsan a nadie, pasa porque está a cargo un gobierno que romantiza los ingresos irregulares, que está por regularizar y no por expulsar y nosotros estamos por expulsar, que sea la regla general sin perjuicio obviamente de los casos humanitarios que van a ser debidamente resguardados”.
Mientras que Diego Schalper, integrante de la Comisión de Seguridad, manifestó constatar “que hay cierto sector de la izquierda que está completamente desconectado de lo que le pasa a los más pobres de Chile. Porque ¿cuál es el drama en los sectores populares y medios del país? Que hoy los inmigrantes ilegales, personas muchas veces sin identificación siquiera, han tomado control de los espacios físicos de una manera tal que alteran la vida cotidiana de los chilenos y chilenas”.
En ese sentido ahondó que “lo que busca hacer el llamado criterio Valencia, es que una persona que es detenida (…) o sea que está cometiendo un ilícito y es reprendida y tomada detenida, y no se tiene identificación, no se tiene información acerca de su identidad (…) no es capaz de acreditar la razón por la cual se encuentra en el país, en la medida en que el juez estime que eso significa un peligro para la sociedad, se le deja en prisión preventiva para enrolarla dentro de algún registro público del país y más importante que eso, para poder chequear si tiene algún tipo de antecedentes en otros países de origen”
El parlamentario por O´Higgins, invitó al gobierno a no hablar de discriminación en este tema, “cuando lo único que se pretende es que aquellas personas que son detenidas e insisto, son detenidas, tengan que estar detenidas para estar dentro de algún registro nacional para evitar su reincidencia, para evitar que se encuentren prófugas de la justicia y mucho más peligroso que eso, que se encuentren dentro del país sin identificación”.
El diputado José Miguel Castro, le habló a los antofagastinos al señalar que la aprobación de la iniciativa “es un tremendo avance, un avance para decirle a todos aquellos que entran de forma irregular al país, la ventana se cerró; se cerró la fiesta del ingreso clandestino”. Y fue enfático al afirmar que “vamos a presionar también para que este proyecto se vea lo antes posible en la (sala) Cámara de Diputados, en el Senado, que también por lo demás está bajo la oposición, la Comisión de Seguridad Ciudadana”. Concluyendo que espera que el Ejecutivo “no le ponga un veto como fue en el caso de las usurpaciones”.
