El desalojo de un centenar de familias, que incluyen niñas, niños y adolescentes, desde la Plaza Brasil, en Iquique, es la consecuencia de la ineficacia de un Gobierno que insiste en la violencia para afrontar una situación humanitaria y del fracaso de su política migratoria.
La ocupación del espacio público por parte de migrantes en situación de vulnerabilidad lleva aproximadamente un año, tiempo suficiente para que el Gobierno buscara una respuesta sobre la base del diálogo, con medidas de carácter social, que permitan una solución digna, oportuna y que garantice el respeto de los derechos humanos. En su lugar, se prefiere una acción policial que lo único que hace es alargar la agonía de las familias de migrantes e incrementar la molestia de las y los vecinos de Iquique, provocando actos injustificados y profundamente humillantes, xenófobos e inhumanos.
Es intolerante que las máximas autoridades de nuestro país sólo utilicen en la gestión migratoria la represión, la militarización de las fronteras, la criminalización y las expulsiones irregulares, incluso contra decisiones de la Corte Suprema. Esta forma de actuar no disminuye los flujos de migración, sino que los agrava.
La expulsión de migrantes habla de un Gobierno insensible que, una y otra vez, adopta medidas populistas sin abordar integralmente un tema que, sin planificación, seguirá afectando al país y a quienes buscan en Chile una alternativa para sus familias que han huido de sus países buscando un mejor destino.
En el caso particular de los migrantes venezolanos, el presidente Sebastián Piñera no puede evadir su propia responsabilidad. Fue precisamente él quien, pretendiendo hacer uso comunicacional y político del drama del pueblo venezolano, alentó su migración a Chile, para luego darles la espalda.
Frente a estas situaciones requerimos con urgencia una política migratoria que se base en principios humanitarios, de “acoger, proteger, promover e integrar”, que permitan que las personas migrantes tengan una vida activa en nuestra sociedad, aportando su trabajo, sus costumbres y su cultura.
Exhortamos al Gobierno a hacerse responsable de esta dolorosa y denigrante situación, y a terminar con las acciones represivas y violentas contra las y los migrantes. Es urgente implementar una política de regularización mediante la aplicación de la Ley de Refugio a quienes han ingresado irregularmente, cuando así corresponda, y es imprescindible facilitar la reunificación familiar de las personas que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
