Los diputados de la Bancada de Renovación Nacional están decididos a ponerle el cascabel al gato, en lo que se refiere a temas de corrupción. A casi tres meses del estallido del caso Democracia Viva, que fue la punta del iceberg que permitió conocer de dineros traspasados en forma irregular, además de algunas Seremías, por gobernaciones regionales y últimamente por municipalidades, los legisladores Frank Sauerbaum, junto a los diputados integrantes de la comisión de Gobierno Interior, Miguel Becker y Bernardo Berger, y a sus pares, Leonidas Romero, Sofía Cid, Camila Flores, Andrés Celis y José Miguel Castro, presentaron un proyecto de ley que faculta a la Contraloría General de la República, una vez acreditada la responsabilidad administrativa en cuanto a faltas a la probidad, para la remoción de gobernadores y alcaldes.
Así, el diputado *Leonidas Romero de la Región del Biobío* que presentó una querella contra el Gobernador Rodrigo Díaz por dineros entregados a la Fundación EnTi conocida públicamente por la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, dijo sumarse “encantado a este proyecto, porque creo que es necesario que la CGR envíe (los antecedentes) directamente al TER” cuando se comprueben irregularidades.
Explicó que es urgente esto porque usualmente se dan situaciones en que el concejo municipal “está del lado de los alcaldes por diferentes motivos, porque tienen un familiar trabajando, porque reciben alguna prebenda, porque reciben algún proyecto y para qué decir de los consejeros regionales. El caso concreto de la región del Biobío (donde) de ocho consejeros regionales solamente cinco están por llevar al gobernador al TER ante las múltiples faltas. Estamos hablando de más de cien mil millones de pesos que lo han dilapidado con las fundaciones y la organización de los amigos, y el resto está vendido o está actuando en forma cobarde porque lo han amenazado”.
Precisamente el proyecto relata que el Contralor, en 2018, afirmó que: “Desde 2015 hasta ahora hemos realizado 66 sumarios para determinar la responsabilidad de alcaldes, de ellos 35 terminados y allí se han definido responsabilidades, por lo que los datos han sido remitidos al Concejo Municipal, pero en 20 casos el Concejo no se pronunció; y en otros trece casos existe pronunciamiento del concejo municipal, en los cuales en dos los concejales estimaron que no había notable abandono de deberes; en otros cuatro decidieron no remitir los antecedentes al TER y en siete decidieron hacerlo. Agregó que de los casos restantes en uno no hay información desde el concejo y en el otro el alcalde informó que pediría la nulidad”.
Frente a estas situaciones, el*jefe de la Bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum*, estimó que “es importante que todos los órganos del Estado tengan un rol mucho más activo en luchar contra la corrupción y si la Contraloría detecta una irregularidad en una municipalidad que sea contundente y que pueda finalmente traducirse en un delito, debe inmediatamente informar al Tribunal Electoral para que éste empiece de oficio a hacer la investigación con los antecedentes prestados por Contraloría y de esa manera remover al alcalde o a la autoridad pertinente que haya cometido tal infracción”.
El proyecto de ley especifica, precisamente, que es “relevante poder dotar de mayores herramientas para que la Contraloría General de la República pueda perseguir de manera más efectiva y eficiente el buen uso de los recursos públicos, no teniendo que depender de las conformaciones políticas y/o afinidad de un órgano electo democráticamente como lo son los Consejos Regionales y los Concejos Comunales”.
Para *la diputada por la Región de Valparaíso, Camila Flores*, es fundamental que los Tribunales Electorales Regionales, “puedan, autónomamente, perseguir las responsabilidades frente a estos casos de delincuencia, de falta a la probidad que estamos viendo en el país”. Añadió que “estas personas no pueden quedar en la impunidad y tampoco pueden quedar ocupando sus cargos cuando están involucrados, cometiendo delitos tan graves y deleznables. Por eso necesitamos que nuestra legislación esté acorde a las circunstancias que se están generando en el país”.
Por su parte, el diputado Andrés Celis reflexionó que “hoy nos encontramos ante una cuestión fundamental para el bienestar de nuestra sociedad: la probidad administrativa y el uso adecuado de los recursos públicos. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de situaciones que desafían estos principios, y es nuestro deber abordar este problema de manera responsable y efectiva”.
“Es hora de fortalecer nuestros sistemas de control y transparencia para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y efectiva en beneficio de todos los ciudadanos. Necesitamos una legislación que no dependa de composiciones políticas o afinidades personales, sino que promueva la probidad administrativa en todos los niveles de gobierno”, agregó Celis
Finalmente, la diputada por Atacama, Sofía Cid explicó que “en Atacama hemos vivido este tipo de casos y se hace necesario facilitar los procesos para hacer efectiva las responsabilidades. La ciudadanía está cansada de escuchar que hay informes lapidarios de Contraloría y que no se hagan efectivas las responsabilidades. Este proyecto se hace cargo de esta demanda legítima, y busca entonces que sea mucho más expedito que comience el proceso de destitución de autoridades cuando ya la Contraloría ha determinado que existen graves faltas a la probidad”.
Es importante destacar que el proyecto de ley consta de dos artículos. El primero, ante la necesidad de remover al alcalde por irregularidades cometidas, traspasa la responsabilidad desde el concejo municipal -evitando así las mayorías afines que pueda tener el jefe comunal en el cuerpo colegiado- al “tribunal regional electoral respectivo para dar inicio al procedimiento de remoción de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado”.
Mientras que el artículo dos precisa que “si como consecuencia de una investigación practicada por la Contraloría General de la República con ocasión de sus labores de fiscalización, se considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del gobernador regional por contravención grave a las normas de probidad administrativa”, la CGR “deberá remitir los antecedentes al TER “para dar inicio al procedimiento de cesación en el cargo”.
