Gustavo Benavente y Cristóbal Martínez aseguraron que la vulneración de principios como el derecho a la propiedad y la amenaza constante a las expropiaciones “no otorgan ninguna certeza jurídica para los inversionistas extranjeros ni para los nacionales”.
Los diputados de la UDI, Gustavo Benavente y Cristóbal Martínez, advirtieron que la nueva Constitución, tal como quedó redactada, “agravará la actual situación económica que están sufriendo los chilenos”, argumentando que el borrador aprobado no entrega ninguna certeza jurídica para atraer a inversionistas extranjeros, ni tampoco para que las empresas que hoy ya operan puedan reinvertir en el país.
Por lo mismo, y ante el alza en la inflación y el aumento en el costo de la vida, principalmente en los servicios y los productos de la canasta básica de alimentos, los parlamentarios gremialistas hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse respecto a los impactos económicos que provocaría el nuevo texto constitucional, en caso de que se apruebe en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
“Ya hay un importante grupo de inversionistas chilenos que están sacando sus ahorros y enviándolos al extranjero, evidentemente porque el texto constitucional que se ofrecerá al país erosiona de manera extrema una serie de principios, como el derecho a la propiedad. Y peor aún, los constituyentes siguen ahuyentando al mundo empresarial al amenazar con expropiar las actuales y futuras inversiones en nuestro país”, alertaron los diputados UDI, quienes también advirtieron que el texto “no logra compatibilizar el medio ambiente con el emprendimiento sustentable”.
Pero además, Benavente y Martínez también recordaron que la propuesta constitucional crea una serie de servicios y organismos públicos, lo que provocará “que el Estado, con los impuestos de todos los chilenos, tenga que financiar estas reparticiones públicas para que sean capturadas por los mismos operadores políticos de turno, todo ello con los recursos de las personas”, recordando incluso que se tendrían que crear alrededor de 100 altos cargos nuevos, lo que implicaría un desembolso para el país de $9 mil millones en remuneraciones mensuales.
Por tal razón, los parlamentarios gremialistas reiteraron que “no existe ninguna posibilidad de que la propuesta que elaboró la Convención Constitucional y las políticas económicas que ha adoptado el Gobierno logren mejorar la situación económica de los chilenos en los próximos años”, agregando que “muy por el contrario, este nuevo texto provocará empobrecimiento y la falta de oportunidades laborales y salariales para el grueso de la población de nuestro país”.
