Luego que la Superintendencia de Pensiones decidiera suspender la difusión de una publicidad de la AFP Habitat, la que deberá dejar de emitirse a contar de este lunes 28 de marzo, los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Cristóbal Martínez, acusaron al Gobierno de querer “censurar” una campaña publicitaria legítima, asegurando que “es otro antecedente más que deja en evidencia sus intenciones de querer expropiar los fondos de pensiones de los chilenos”.
Al respecto, y junto con criticar la decisión del órgano estatal, los parlamentarios gremialistas advirtieron que “no es coincidencia que una semana se produzcan tantas señales en favor de una nacionalización de los ahorros de los trabajadores”, en referencia a las declaraciones de las ministras del Interior y de Trabajo, quienes cuestionaron la propiedad de los fondos de pensiones, abriendo la puerta a una eventual expropiación durante esta administración.
“Hace años que no veíamos a un Gobierno censurando una publicidad, menos a tan pocos días de haberse instalado. Es evidente que detrás de esta decisión de la Superintendencia de Pensiones se esconde un claro objetivo de las actuales autoridades, que es confiscar los ahorros de los trabajadores, tal como lo dejó en evidencia esta semana la ministra Izkia Siches, al cuestionar que cada chileno se sienta propietario de sus ahorros”, criticaron los diputados UDI.
En esa línea, Fuenzalida y Martínez agregaron que “cuando un gobierno decide prohibir la transmisión de una publicidad informativa que habla de la propiedad de los fondos de pensiones, de que puedan ser heredados a nuestros familiares y que tengamos el derecho a elegir quién administrará nuestros ahorros, es porque evidentemente no están a favor de ese mensaje”.
“Por lo mismo -agregaron los parlamentarios gremialistas-, ha quedado de manifiesto que el Ejecutivo, y en específico el Presidente Boric y su coalición, están en contra de que los chilenos seamos dueños de nuestros ahorros y los podamos heredar, y en cambio, prefieren volver a un sistema de reparto, que ha fracasado en todo el mundo, y que necesariamente requiere apoderarse de los actuales fondos, tal como lo sinceró esta semana la ministra de Trabajo”.
Por último, y además de calificar el hecho como “grave”, Fuenzalida y Martínez adelantaron que ejercerán todas las acciones que tengan a su alcance para “evitar que el Gobierno siga censurando un mensaje sólo por ser contrario a su ideología política”.
