* Los parlamentarios lo solicitaron por medio de un Proyecto de Resolución, que busca que dicho documento histórico se distribuya en bibliotecas públicas, centros educacionales, municipalidades, y centros culturales del país, entre otros.
Los diputados del Partido Republicano pidieron la distribución gratuita del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en que se declaró como inconstitucional el Gobierno de Salvador Allende.
La acción parlamentaria fue realizada a través de un Proyecto de Resolución en que se solicita al Presidente Boric instruir al Ministerio de Las Culturas y al Mineduc para dicha acción.
La idea de la iniciativa es acercar la historia de Chile a la ciudadanía «de forma educativa, veraz y objetiva», lo que según señala el texto, puede «evitar la distorsión o manipulación de los hechos ocurridos, promoviendo la objetividad y la verdad histórica como base para la construcción de una sociedad informada y consciente».
Esta acción, según señalaron los parlamentarios Republicanos, es fundamental ad portas de la conmemoración de los 50 años de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, ya que «es necesario hacer ejercicios genuinos de memoria e historia, sin pretender anular nada que contribuya a la mejor comprensión de los hechos, considerando el contexto de la época».
Esto, según explicó el jefe de la Bancada, Benjamín Moreno, principalmente porque «la izquierda se ha encargado de enaltecer la figura de Salvador Allende, pese a las ilegalidades que realizó en su Gobierno en contra de los ciudadanos chilenos. La gente que lo vivió no olvida. Es fundamental contar lo sucedido, tal como fue, a las nuevas generaciones y sin estos sesgos con los que la izquierda nos quiere convencer respecto de su real actuación en esa época».
El Acuerdo del 22 de agosto de 1973 señala ocho fundamentos por el cual se declaró ilegal el Gobierno de Allende, estos son: «Las expropiaciones de 17 bancos, logrando así el Gobierno controlar el 90% de los créditos bancarios; indulto a terroristas; la discriminación hacia ciudadanos que no eran simpatizantes con el Gobierno -reflejado claramente en las Juntas de Abastecimiento y Precios-, la violación a la libertad de expresión con el cierre de varios medios de comunicación que no fueran simpatizantes del Gobierno; la violación al Derecho de Propiedad al promover centenares de tomas en predios agrícolas y establecimientos industriales, mineras, entre otros».
También se encuentra como fundamento «la defensa del Gobierno a grupos armados violentistas, como el MIR, el MAPU, la VOP y el GAP; el incumplimiento de las resoluciones del Poder Judicial; atropellos a las facultades de la Contraloría General de la República; el mal manejo de las fuerzas de orden, que fueron usadas para beneficio propio de la Unidad Popular».
En ese sentido, Moreno, representante del Distrito 17 en la Región del Maule, añadió que «queremos que se trate nuestra historia con respeto. Porque un país se forja con las personas, acciones, aciertos y errores, y eso es importante al momento de observar nuestro pasado, y de aprender y avanzar en el presente. Chile ha pasado por mucho, y por eso debemos darle valor a nuestra historia sin olvidar y sin ideologizar».
También se refirió al proyecto el legislador Mauricio Ojeda, quien forma parte de la Comisión de Cultura: «En momentos en que se quiere literalmente imponer bajo un concepto totalitario, una sola verdad respecto a lo que pasó en 1973, es tremendamente importante conocer todas las caras de la moneda».
«En ese sentido el Congreso Nacional dijo que el Gobierno del Presidente Allende era antidemocrático, y eso es importante para entender todos los contextos en torno a esta fecha que está próxima a celebrar y que lamentablemente se ha usado para dividir a los chilenos, para seguir abriendo heridas. Es momento de superarlo y para poder superarlo hay que lograr entender y reconocer que no hay, no existe una sola verdad», finalizó el legislador de La Araucanía.
