• Los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval, querellantes en el proceso por cohecho agravado y fraude al fisco, pidieron que la máxima autoridad del Ministerio Público se haga cargo del proceso ante las implicancias y la gravedad de los ilícitos que se le imputan a militantes de Revolución Democrática.
El alcance que ha adquirido el denominado “Caso Convenios”, por la gravedad de los delitos que se le imputan a militantes de Revolución Democrática en la entrega de millonarios recursos públicos a fundaciones relacionadas a esa colectividad, llevó a los parlamentarios del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Irarrázaval, a solicitar al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que asuma personalmente la investigación del caso y agrupe las causas en una sola.
Ambos legisladores son querellantes en el proceso que se inició por eventuales delitos de cohecho agravado y fraude al fisco, que actualmente tiene varias aristas en las que se está indagando el traspaso de recursos públicos a fundaciones, las que se hicieron por trato directo y donde se investiga un eventual mecanismo para defraudar al Fisco.
Al respecto, el diputado Cristián Araya, indicó que la solicitud se sustenta “en la gravedad de los hechos que se están investigando y en la necesidad de que a la indagatoria se le dé la relevancia que amerita, porque podría haber otras fundaciones involucradas, comprometiendo la fe pública y recursos millonarios que pertenecen a todos los chilenos. Hemos solicitado que el proceso se lleve de la forma más diligente y expedita posible”.
El legislador agregó que “se debe llegar hasta el fondo de este eventual entramado para defraudar al fisco y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, porque lo ocurrido tiene tintes de corrupción que involucra, además, a personeros del principal partido de Gobierno, como es Revolución Democrática”.
Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval expresó que “es clave que la máxima autoridad del Ministerio Público se haga cargo de este caso y agrupe todas las causas en una, entre otras cosas, para que se determine también cuál fue el uso que se le ha dado a estos recursos públicos, ya que hay antecedentes de que se habrían utilizado para hacer proselitismo por el ‘Apruebo’. Aquí todas las instituciones del Estado, incluida la justicia, deben actuar con mucha responsabilidad para desmantelar cualquier maquinaria de corrupción que haya instalada en el corazón del Estado”.
