“No se puede dudar que los pueblos indígenas han sido grandes postergados en el desarrollo nacional y no solo eso, parte del desarrollo nacional se sostuvo en esa postergación y exclusión. El incorporarlos en un ámbito que apunta al futuro y sin afectar los emprendimientos mineros existentes, impone la dinámica de integrar armónicamente lo que viene, en un ejercicio de reparación. “
Una reforma Constitucional que permitiría la participación de los pueblos originarios en la explotación del Litio ingresó al Senado el Vicepresidente de la Corporación, senador Francisco Huenchumilla. El texto incluye fundamentos claros en torno a la justificación de la incorporación de estas comunidades en el proceso, estableciendo la obligación de “incluir un grado de participación de los pueblos indígenas en la administración del yacimiento».
La reforma ingresada intercala la modificación respectiva en el artículo 19 de la Constitución.
El proyecto ingresado por el senador DC, señala entre sus fundamentos, las razones por las cuales los pueblos originarios debieran participar en este proceso: “Por su proximidad a estos yacimientos, por su impacto ambiental, por su afectación a la cosmovisión, por el cuidado histórico y de preservación de esos ámbitos, y por la exploración, explotación y beneficio del mineral se hará a costa de bienes centrales para la vida de estas comunidades (como el agua) lo que supone examinar las mejores fórmulas posibles para la sinergia de estos esfuerzos.”
Por otra parte, señala que “hay un argumento constitucional que complementa el sentido por el cual se exige esta incorporación. La Constitución le impone un conjunto de deberes al Estado en el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución. Entre esos deberes destaca el «promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional».
“No se puede dudar que los pueblos indígenas han sido grandes postergados en el desarrollo nacional y no solo eso, parte del desarrollo nacional se sostuvo en esa postergación y exclusión. El incorporarlos en un ámbito que apunta al futuro y sin afectar los emprendimientos mineros existentes, impone la dinámica de integrar armónicamente lo que viene, en un ejercicio de reparación. Pero, además, ese es la respuesta a una cosmovisión central de estos pueblos en relación con la actividad minera. No es un ejercicio de oposición y veto, sino que de armonía y de fin de la exclusión. Otros ordenamientos constitucionales (Canadá, art. 35.1) contienen cláusulas generales de reconocimiento de derechos para los pueblos aborígenes y apoyan en la dirección de esa integración”.
