Henry Leal y Felipe Donoso llamaron al nuevo titular del Consejo de Defensa del Estado a “dejar de lado su posición política y a presentar las acciones judiciales que correspondan”.
Luego que la Contraloría General de la República decidiera objetar la compra de la ex Clínica Sierra Bella, en Santiago, determinando que la alcaldesa Irací Hassler (PC) “no cauteló el correcto uso de recursos públicos” por el evidente sobreprecio que el municipio pretendía pagar por el inmueble, los diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, emplazaron al nuevo presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, a perseguir todas las responsabilidades penales que, eventualmente, tenga la jefa comunal y los distintos directores involucrados en el polémico negocio.
Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas valoraron que el organismo haya designado a un abogado para que, posteriormente en el comité penal, se resuelva si existió o no algún delito durante el proceso, advirtieron que la designación durante esta semana de un nuevo presidente en el CDE -nombrado por el Presidente Gabriel Boric- “no debería ser un impedimento para perseguir todas las responsabilidades penales que eventualmente puedan tener las autoridades de la municipalidad”.
“El informe de la Contraloría es lapidario y, por consiguiente, el Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación de estudiar detenidamente este caso y buscar todas las responsabilidades penales que puedan existir. Y por eso esperamos que el nuevo presidente del organismo, que nombró esta semana el Presidente Boric, deje a un lado su posición política y no actúe con sesgos ideológicos, sólo porque se trata de una alcaldesa comunista y cercana al Gobierno”, afirmaron Leal y Donoso.
En esa línea, ambos diputados hicieron referencia a las distintas relaciones que mantiene el nuevo presidente del CDE, en especial con un grupo de exconstituyentes del sector Apruebo Dignidad, entre ellos Fernando Atria, “quienes fueron los ideólogos de la fracasada propuesta constitucional que terminó siendo rechazada de manera contundente el 4 de septiembre”, señalaron los UDI. Pero además, Leal y Donoso recordaron una entrevista que concedió el abogado en 2017, en la que promovía una Asamblea Constituyente como mecanismo para modificar la Carta Fundamental.
“Lo peor que podría ocurrir es que el CDE actúe en función de la cercanía que mantiene el nuevo presidente con el Gobierno y los partidos de izquierda. Tal como lo hizo la Contraloría, que no dudó un segundo en emitir un lapidario informe a partir de la gravedad de la situación, también esperamos que el Consejo de Defensa del Estado haga lo propio, determinando cuáles son las eventuales responsabilidades penales que existieron y presentando, si corresponde, todas las acciones judiciales que sean necesarios”, reiteraron los parlamentarios gremialistas, quienes finalmente también emplazaron a la alcaldesa de Santiago a “asumir de una vez por todas su responsabilidad”.
“Después de defender con uña y mugre el sobreprecio que pretendían pagar por la ex Clínica Sierra Bella, ahora pareciera que la culpa es de otros, de los tasadores o de los directores municipales. Aquí la principal responsabilidad administrativa, política y, eventualmente, penal, es de la alcaldesa Hassler, y esperamos que así lo determinen las distintas instituciones”, concluyeron Leal y Donoso.
