- Durante el período correspondiente al lunes 21 de octubre al lunes 9 de diciembre se registró un total de 97 tribunales y dependencias judiciales con daños de diversa magnitud en sus instalaciones.
- Durante este tiempo, los tribunales de justicia en todo el país han entregado un servicio permanente a la comunidad, con las limitaciones propias de la situación vivida.
El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, informó que durante el período correspondiente entre el lunes 21 de octubre al martes 10 de diciembre (50 días), se registró un total de 97 tribunales con diferentes tipos de daño provocados por las manifestaciones sociales, que afectó a diversas instalaciones judiciales desde Arica a Punta Arenas.
La institución indicó que los tribunales más afectados fueron el Juzgado de Letras de Colina, que fue incendiado en un 80% de su estructura y cuyos jueces y funcionarios tuvieron que ser trasladados a nuevas dependencias facilitadas por la Municipalidad de Colina; el Palacio de Justicia de Concepción, donde funciona la Corte de Apelaciones de Concepción y los tribunales civiles, familia y laboral de esa ciudad y que se encuentra ubicado en la Plaza de la Independencia, que ha concentrado diferentes marchas, manifestaciones y enfrentamientos y el Centro de Justicia de Puente Alto, que alberga los Juzgados de Familia, Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados Civiles de dicha comuna, fue atacado y apedreado en varias oportunidades por manifestantes.
Además, del Juzgado de Letras y Garantía de Caldera, que fue atacado por un grupo de personas, que ocasionó diversos daños en sus accesos, vidrios, caseta de guardias, puertas y artefactos como televisores ubicados en su interior.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial informó que el trabajo realizado permitió que durante este período la totalidad de los tribunales de justicia estuvieran operando en todo el país, entregando un servicio permanente a la comunidad, con las limitaciones propias de la situación vivida.
El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, indicó que estos daños a los tribunales e instalaciones judiciales fueron generados principalmente por apedreos, lo que ocasionó daños en sus fachadas, rompimiento de vidrios y mamparas y rejas perimetrales, además de rayados exteriores.
“Esta situación nos obligó a reforzar la seguridad de las instalaciones y a tomar las medidas de seguridad que permitieran mantener la continuidad del servicio otorgado, dar la protección necesaria a los intervinientes en las distintas causas, proteger y resguardar la seguridad de las personas que acuden y trabajan en estas instalaciones y velar por las instalaciones físicas e inversiones asociadas para el funcionamiento de los tribunales.
En esta línea, el director de la Corporación indicó que el diseño de los tribunales se ha caracterizado por el diseño de tribunales sustentables, abiertos e integrados a la comunidad, lo que dada la experiencia de estos días, probablemente nos llevará a repensar y evaluar el diseño de los nuevos tribunales en las distintas zonas del país”, privilegiando la seguridad de los intervinientes, jueces y funcionarios e infraestructura física.
Además, la situación de los tribunales ha ocasionado problemas en el traslado e impacto emociona para el personal de los tribunales más afectados, lo que llevo al Poder Judicial a otorgar flexibilidad laboral, promover el teletrabajo y entregar apoyo y contención a las personas que podrían hacerse visto afectadas, indicó Guzmán.
El proceso de reparación: costo mínimo será de $3.000 millones
El Poder Judicial informó que el proceso de restauración y reparación de tribunales durará al menos dos años y requerirá de una inversión aproximada de $3.000 millones durante 2019 y 2020, sin incorporar el proceso de reconstrucción del Juzgado de Letras de Colina, que podría alcanzar los $5.000 millones o ser incorporado a la construcción de un nuevo centro de justicia en Colina, lo que requerirá de una inversión mayor de $21.000 millones, dependiendo del tipo de construcción, tiempos y competencias que se incorporen.
Asimismo, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial instruyó a los administradores zonales del país entregar todos los antecedentes disponibles sobre estos hechos al Ministerio Público para realizar las denuncias respectivas tendientes a esclarecer las responsabilidades en los daños al patrimonio y arquitectura del Poder Judicial. Además, de informar al Consejo de Defensa del Estado de estos hechos.
