El empresario, a través de sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentó un recurso de casación para invalidar la sentencia del 24° Juzgado Civil de Santiago que rechazó la demanda interpuesta contra el Servicio Agrícola Ganadero, por estimar que la decisión del organismo, se sustentó en la protección de la salud pública de las personas. “Aquí hubo negligencia, ignorancia, desconocimiento y mal uso de los sistemas de control”, explicaron los demandantes.
Luego de cuatro años de litigios, finalmente la Corte Suprema deberá zanjar si el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) debe indemnizar por daños y perjuicios, al empresario Jorge Cardemil por el sacrificio de veintisiete caballos de fina sangre -21 de ellos yeguas madre, en su mayoría preñadas, y seis potrillos- que fueron diagnosticados erróneamente con una supuesta enfermedad contagiosa, pero los animales estaban sanos.
Ello, porque el empresario -a través de sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, del estudio Rivadeneira Colombara Zegers- presentó un recurso de casación para anular la sentencia del 24° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda por $1.800 millones que interpuso en 2017 contra el SAG, en representación de Haras Carioca, de la cual es socio.
De acuerdo a la acción civil, en abril de 2015 Cardemil inició el proceso de importación de veintisiete equinos de carreras desde Argentina por el paso Los Libertadores, los cuales estaban sanos y cumplían con todas las exigencias sanitarias vigentes y pedidas por el SAG, específicamente, un período de aislamiento y 90 días de seguimiento ante cualquier síntoma de enfermedad.
Una vez en Chile y estando en una cuarentena obligatoria al concretarse su ingreso, el SAG tomó muestras de sangre de los equinos y el día 5 de mayo de ese año, el SAG realizó una visita y dictaminó una «emergencia sanitaria», pues supuestamente tres de los ejemplares había dado positivo en el examen que pesquisa la enfermedad del Muermo, una infección que es mortal para los equinos y que también puede contagiarse a los humanos.
La demanda agrega –además- que, tanto Chile como en Argentina, hace más de 25 años, que están declarados países libres de la enfermedad, por tanto, la prueba no es parte de las exigencias sanitarias para la internación de equinos, mencionando que ninguno de los otros laboratorios extranjeros que también realizaron muestras para corroborar la enfermedad, arrojaron la presencia de la enfermedad.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el 19 de mayo de 2015, el SAG dictó una resolución en la que autorizó el sacrificio de todos los equinos, lo que concretó cuatro días después, realizando una necropsia al único caballo que había dado positivo, «no encontrándose signo patológico alguno, ni menos rastros de algún signo relacionado con Muermo”
“Todos los caballos sacrificados estaban sanos. Los diagnósticos realizados por el SAG evidentemente arrojaron falsos positivos”, concluye la demanda.
«Aquí hubo negligencia, ignorancia, desconocimiento y mal uso de los sistemas de control”, explicó al respecto Ciro Colombara, agregando que “confiamos en que los tribunales superiores corrijan el error de la sentencia de primera instancia. En este caso, el SAG efectivamente cometió un grave error al sacrificar caballos sanos, pese a la evidencia científica, tomando decisiones sobre la base de pruebas obsoletas y que arrojaban y arrojan una alta tasa de falsos positivos, circunstancia que conocía el SAG perfectamente”.
Por su parte, el abogado Aldo Díaz enfatizó que “el actuar del SAG, en este caso, distó de un normal funcionamiento de su rol, irrogando daños y perjuicios a nuestro cliente. Esta situación no puede volver a ocurrir, ni ser tolerada por nuestros tribunales”, puntualizó.
