La Corte Suprema dictó seis condenas en contra del oficial de carabineros en retiro Nelson Bravo Espinoza por su responsabilidad en los secuestros y homicidio calificados de 7 vecinos de la comuna de Paine detenidos entre septiembre de 1973 y octubre de 1973 y ejecutados en el Cerro Chena de San Bernardo.
En el primer caso (rol 15.048-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- sentenció al oficial antes señalado a la pena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice el homicidio calificado de Gustavo Martínez Vera, ocurrido el 6 de octubre de 1973 en el Cerro Chena de San Bernardo.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos a los familiares de la víctima.
En el segundo caso (rol 17.001-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- condenó al Nelson Bravo Espinoza a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice del homicidio calificado de José Gumercindo González Sepúlveda, ocurrido entre el 11 y 15 de octubre de 1973 en el Cerro Chena de San Bernardo.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a la hermana de la víctima.
En el tercer caso (rol 17.094-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- condenó al Nelson Bravo Espinoza a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice del homicidio calificado de Luis Díaz Manríquez, ocurrido entre septiembre y octubre de 1973 en el Cerro Chena de San Bernardo.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 430.000.000 (cuatrocientos treinta millones de pesos) a los familiares de la víctima.
En el cuarto caso (rol 18.620-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm- condenó a Nelson Bravo Espinoza a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de los hermanos Hernán Fernando y Juan Humberto Albornoz Prado, ocurrido a partir de 15 de septiembre de 1973 en Paine.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 520.000.000 (quinientos veinte millones de pesos) a los familiares de la víctima.
En el quinto caso (rol 20.526-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm- condenó a Nelson Bravo Espinoza a 6 años de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Pedro Vargas Barrientos, ocurrido a partir el 13 de septiembre de 1973 en Paine.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a los familiares de la víctima.
En el sexto caso y final (rol 20.548-2018) Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado integrante Jorge Lagos- sentenció a Nelson Bravo Espinoza a 6 años de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Jorge Valenzuela Valenzuela, ocurrido a partir del 8 de octubre de 1973.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) a los familiares de la víctima.
En todos los casos las investigaciones de la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, estableció que todas las víctimas fueron detenidas o concurrieron a la Subcomisaría de Carabineros de Paine, unidad policial a cargo del entonces capitán Nelson Bravo Espinoza, recinto policial donde permanecieron detenidos para luego ser trasladados al campo de prisioneros ubicado en el Cerro Chena y perteneciente a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar donde fueron ejecutados y en algunos casos hechos desaparecer.
