Existen 109 funcionarios activos y en retiro actualmente investigados, tras denuncia de la Contraloría y los montos comprometidos superan los 300 millones hasta ahora, sólo por hechos correspondientes a los años 2015 y 2016. Fiscal Regional no descartó que el monto y los involucrados aumenten.
El Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI, lideró nuevas diligencias en el marco de la investigación por fraude al fisco denunciado al interior de la IV División de Ejército en la Región de Aysén. Las indagatorias en Santiago se efectuaron de forma voluntaria y con colaboración del Ejército, en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General de dicha institución, ubicado en avenida Tupper en Santiago, lugar al que viajó acompañado por el jefe de Asesoría Jurídica, Luis Soto y el fiscal adjunto, Luis González.
La investigación, iniciada en el mes de marzo de este año en Coyhaique tras un presentación efectuada por la Contraloría ante el Ministerio Público, incluye actualmente hechos desde 2011 en adelante, con montos superiores a los 300 millones –hasta ahora- sólo correspondiente a los años 2015 y 2016, según ha podido establecer la investigación liderada por el fiscal Palma, aunque la cantidad podría aumentar debido a que las indagatorias incluyen un total de 7 años.
El jefe de los Fiscales de Aysén, confirmó la realización de diligencias en la capital del país. “Concurrimos la presente semana con un equipo tanto de la PDI como de la Fiscalía, a realizar trabajos en las distintas dependencias del Ejército en Santiago”, dijo.
En el lugar, añadió el fiscal Palma, “obtuvimos de ellos la entrega de información, documentación, equipos computacionales y acceso a correos electrónicos e información financiera que nos resultaba sustancial al momento de determinar la existencia de estos ilícitos que estamos investigando y la participación de los eventuales responsables”, mencionó el fiscal Regional.
MECANISMO
Cabe recordar que la semana pasada, un equipo dirigido por el Fiscal Carlos Palma, ya efectuó diligencias en cuatro dependencias de la IV Zona del Ejército en Coyhaique, las que incluyeron toma de declaraciones a parte de los 109 militares activos y en retiro, actualmente denunciados por Contraloría. A su vez, se incautaron computadores y documentos, a fin de dilucidar los grados de participación de los funcionarios en este mecanismo que habría permitido utilizar millonarios fondos institucionales.
Lo anterior, a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal en retiro y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago de viático, a modo de compensación por pérdidas económicas individuales a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue descontinuado por el Ejército el año 2006.
“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó el Fiscal Palma. “Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado -en la práctica- la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, agregó el persecutor penal.
El Fiscal Regional de Aysén no descartó que se incrementen los montos y personas involucradas en esta investigación penal. “Podría eventualmente aumentar tanto el monto del fraude al fisco como también los partícipes”, afirmó el fiscal Palma.
Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los 5 años y un día de cárcel.
Finalmente, el Fiscal Regional valoró la actitud de colaboración del Ejército en esta investigación que involucra fondos del Estado y para lo cual ha instruido diligencias tanto en Coyhaique como en Santiago.
